Por Fernando Urbano
El reciente reportaje del New York Times sobre el fentanilo ha desatado un intenso debate en México, señalando a las autoridades mexicanas, y en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum, por no actuar con la urgencia que exige esta grave crisis. En sus páginas, se expone de una manera excesivamente simple un problema tan complejo y profundo, poniendo el foco principalmente en la responsabilidad del gobierno mexicano en la lucha contra el tráfico de esta peligrosa droga. Sin embargo, la situación es mucho más compleja y no puede resolverse con un simple señalamientos, ni con respuestas mediáticas rápidas.
El fentanilo es una amenaza global, no exclusiva de México, aunque su impacto sea especialmente devastador en las comunidades fronterizas y en las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. En su reportaje, el New York Times se centra en la producción y tráfico de la droga en México, pero en parte importante excluye explicar con detalle que proviene de una red de producción y distribución transnacional. El narcotráfico no es un fenómeno que se detiene en las líneas divisorias entre países, sino que es un fenómeno global que requiere respuestas a nivel internacional.
No es la primera vez que se hacen señalamientos de este tipo al gobierno de México, pues en el pasado sexenio en más de una ocasión se documentó lo permisivo que era con este tipo de actividades, y lo mismo ha pasado con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que de igual forma ha sido constantemente señalado por no hacer lo suficiente para erradicar las redes criminales que operan en el territorio mexicano, y por no ejecutar acciones concretas que se enfoquen a la protección de la salud y la seguridad pública.
Sin embargo, el reportaje del New York Times, aunque señala la obvia responsabilidad mediata del gobierno federal, reconozco que limita la comprensión de la magnitud del problema y la respuesta que realmente se necesita. La lucha contra el fentanilo requiere cooperación internacional, especialmente entre México y Estados Unidos, pues ambos países son actores claves en la cadena de producción y consumo. Las políticas en ambos lados de la frontera deben estar alineadas para poder enfrentar de manera efectiva el problema, políticas que son inexistentes en México.
Es innegable que aún queda mucho por hacer, y la disposición del gobierno mexicano sigue siendo limitada, pues no existen avances y la falta de acción provee un espacio libre de acción para los que la producen, comercial y trafican. La raíz del narcotráfico en México no está solamente en las drogas, sino también en las condiciones socioeconómicas, la falta de oportunidades y la corrupción que está viva y presente en varios niveles de gobierno.
Las desafortunadas prioridades del gobierno de Claudia Sheibaun son claras, pues más allá de expresar su disposición de cooperación y acción, tuvo la desafortunada decisión de caer en una dinámica de acusaciones y ataques, el enfoque debería ser el de fortalecer la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, así como con otros países involucrados en el tráfico de estas sustancias. La lucha contra el fentanilo debe ser una prioridad compartida, y solo con un esfuerzo conjunto, basado en políticas públicas más eficaces y una mayor inversión en prevención y tratamiento, y no una guerra de acusaciones y señalamientos desde el atril de la “conferencia presidencial”.
El fentanilo no solo es un problema de seguridad; es un problema de salud pública que exige una respuesta urgente y colaborativa del gobierno de México. Es hora de que la presidenta deje de lado la politización del tema y busque soluciones reales que, además de combatir el tráfico de esta droga, aborden las raíces profundas de este fenómeno global.
