Por Fernando Urbano
Cuánta razón tenía Juan Gabriel, cuando con extrema certeza respondió “Lo que se ve, no se pregunta”. Para nadie es desconocida la cercanía de López Obrador con el Cártel de Sinaloa, que, aunque no se ha difundido ninguna evidencia exacta que confirme lo obvio, basta con observar las cordialidades que ha tenido con ellos el titular del ejecutivo, para tener certeza de que aquellas palabras del divo de Juárez, se le aplican sin problemas a López Obrador.
Las afirmaciones que, de puño y letra, García Luna hizo públicas en una carta de cuatro hojas, no llegan por simple casualidad, y se dan bajo la misma línea de la carta publicada por “El Mayo” Zambada, donde también se señalan los nexos del presidente con el narcotráfico. Lo interesante es que, en esta ocasión, se menciona que existen pruebas que exhiben la relación entre López Obrador y operadores del narcotráfico.
Y aunque existen escépticos, esta no es la primera, ni la segunda vez que se menciona al presidente de México en una corte americana. El 14 de febrero de 2023, Jesús Reynaldo Zambada García, hermano de “El Mayo”, en el juicio de García Luna, le fue recordada una declaración que había hecho en julio de 2013, durante el juicio de el Chapo Guzmán, en la que afirmó que había entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública en Ciudad de México, para la campaña de López Obrador. Jesús Reynaldo era el encargado de cuidar la plaza de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno.
Pero regresando a la interesante carta de García Luna, menciona que los fiscales le ofrecieron un acuerdo para que se inculpara de los delitos por petición del gobierno mexicano, “para señalar a personas (políticos, empresarios y funcionarios) e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, esto a cambio de su libertad en seis meses y recibir beneficios económicos. Trato que no aceptó.
Este intento del gobierno obradorista de “crear” testimonios contra la clase política y empresarial no es algo nuevo, pues es exactamente igual a lo que pasó los casos de Emilio Lozoya y Juan Collado, quienes fueron presionados a testificar falsamente, situación que seguramente usaria el presidente para alimentar su eterno discurso en contra del pasado.
En la misma carta es donde se hace una escandalosa mención, señalando que “en los registros oficiales de México y Estados Unidos” existen los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestiones entre López Obrador y sus operadores del narcotráfico. Esto, sin dudarlo, es una amenaza directa a López Obrador, a los funcionarios de su gobierno, y también a los próximos integrantes del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las acusaciones contra López Obrador no son cosa menor, pues se dan en medio del intento presidencial de “pausar” las relaciones entre México y Estados Unidos; justo también cuando él es de conocimiento público que el gobierno estadounidense ha perdido por completo la confianza en el titular del ejecutivo, la 4T y su gobierno, y bajo las sospechas de que ya se están investigando los nexos con la delincuencia organizada de varios funcionarios de Morena.
No hace mucho el propio López y sus huestes aplaudieron los métodos y procesos utilizados para declarar culpable a García Luna, y todo indica que él, sus cercanos y su gobierno pronto serán medidos y juzgados con los mismos recursos. Al tiempo.
