Por Fernando Urbano
Como era de esperarse, el plan B, fue detenido en la Suprema Corte de Justicia, 11 ministros le dijeron al presidente y al partido en el poder que la primera parte de su reforma electoral viola la Constitución y de pasada, desecharon sus intenciones de ejercer un autoritarismo antidemocrático y servil.
“En mi carácter de titular del Ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, Magistrados, así́ como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”; fueron las palabras del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2018. Pero solo fueron palabras, escritas seguramente por alguien más, porque la realidad es que el presidente nunca ha entendido la división de poderes.
Tan ignorantes son los integrantes del oficialismo, que en cuanto se dio a conocer la resolución de la corte, inmediatamente activaron su única herramienta, la narrativa, acompañada de la desinformación, para intentar crear una percepción a conveniencia donde afirman que, si la Corte inhabilita alguna decisión del ejecutivo, va en contra de la democracia. O para entenderlo mejor, en la lógica morenista, quien tiene el respaldo del electorado tiene la legitimidad para definir las leyes.
Pero como todo en Morena, sus afirmaciones son una más de sus mentiras. Desde 1917, se estableció en la Constitución una condición para que las leyes secundarias pueden ser modificadas por mayoría simple en las dos cámaras del Congreso. Pero si se pretende modificar la Constitución se requieren las dos terceras partes de los votos del Congreso, así como la aprobación de más de la mitad de los estados de la República.
Además, en la misma Constitución se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un Tribunal Constitucional, y entre sus funciones está el determinar si las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión son o no constitucionales, y por tanto están obligados a impedir que leyes, reglamentos o decisiones de los poderes contravengan la Constitución.
A diferencia de lo que Morena ha intentado hacer creer, la Corte no vulnera la representatividad popular, y mucho menos violó la división de poderes; la corte solamente ejerció sus funciones y facultades, buscando en todo momento la prevalencia, permanencia y protección de los preceptos que se establecen en la Constitución.
Y la realidad de Morena es que al menos el día de hoy no cuenta con los votos necesarios para modificar la Constitución, por tanto, su único recurso y herramienta es atacar y criticar a la Corte para tratar de debilitarla; como ya lo han hecho con el INE, y recientemente con el INAI.
La votación en la corte, al menos nos sirvió para que las ministras Esquivel y Ortiz, exhibieron su servilismo e incondicionalidad al oficialismo, votando en contra de lo que establece el texto constitucional; pero al final de cuentas son insuficientes para darle pie a acciones anticonstitucionales impulsadas por la 4T.
El presidente y la 4T perdieron, y no con la corte, si no ante la legalidad.
