Por Israel Reyes
Parece que ya no hay más opciones, se terminaron los cuadros idóneos o simplemente a meses de entregar el poder llegó el momento de blindar y de paso terminar de cumplir compromisos con sus cercanos.
En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere cerciorarse de no tener siquiera un mínimo margen de error. Cabe recordar que es la quinta vez que el presidente elige a un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no puede permitirse más desaciertos. Por ese motivo, ha propuesto a tres mujeres de su gobierno para ocupar el puesto que deja Arturo Zaldívar. Las candidatas son: María Estela Ríos, quien es la consejera jurídica actual del presidente; Bertha María Alcalde, asesora jurídica de Cofepris y hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; y Lenia Batres, consejera de legislación y hermana del jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres. Estas tres mujeres forman parte de la lista de candidatas que el presidente ha enviado al Senado para elegir a la que sería la nueva ministra del máximo tribunal del país.
Poco después de que se aceptara la polémica renuncia de Arturo Zaldívar a la Suprema Corte, López Obrador envió su propuesta. Las tres candidatas tienen una trayectoria política cercana al propio presidente y al partido Morena. Ninguna de ellas tiene carrera en materia judicial.
María Estela Ríos fue elegida por López Obrador en 2021 para ocupar el cargo de Julio Scherer en su oficina jurídica. Ya había sido su consejera jurídica durante su mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 2000 a 2005. Es una abogada veterana que ha trabajado durante décadas defendiendo a trabajadores tanto dentro como fuera de los sindicatos antes de unirse al gobierno. Su enfoque es más técnico que político y se le conoce como una abogada combativa pero no radical. Tiene un amplio conocimiento del sistema judicial y una vasta experiencia como litigante. Antes de trabajar como funcionaria, fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en México.
Lenia Batres, de 57 años, también trabaja actualmente en la oficina jurídica del presidente como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos. Fue asesora durante el mismo período que Ríos, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. También fue asesora de Claudia Sheinbaum cuando esta era alcaldesa de Tlalpan. Formó parte de la fundación de Morena y tiene una licenciatura en Derecho, así como maestrías en Derecho Penal, Estudios de la Ciudad y Gestión Pública.
Y por último, Bertha María Alcalde, que ya había sido propuesta por el Ejecutivo para ocupar el puesto de presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pero no fue seleccionada y continuó trabajando en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De 2018 a 2020, trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, primero como abogada general y luego como jefa de oficina. Antes de eso, fue abogada litigante, docente y asesora en temas de reorganización, diseño institucional y evaluación de instituciones de seguridad y justicia penal. Su madre, Bertha Luján, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena.
La semana pasada, después de aceptar la renuncia de Zaldívar, López Obrador anunció sus intenciones de proponer a nuevas candidatas. Ha expresado su descontento con las personas que propuso anteriormente y mencionó que buscará tener más suerte en esta ocasión. También adelantó que su terna estará compuesta por mujeres, ya que considera que las mujeres son más honestas, trabajadoras y tienen muchas virtudes, pero ¿se acuerda usted de Yasmín Esquivel? Aunque no se requiere una mayoría calificada en el Senado para aceptar la renuncia de un ministro, sí se necesita para nombrarlo.
El presidente ha estado en conflicto con la Suprema Corte y la ministra presidenta, Norma Piña, quien fue nombrada a principios de año tras la salida de Zaldívar. Ha habido acusaciones, descalificaciones, presiones y recortes presupuestarios, como el reciente recorte de 15,000 millones de pesos debido a la extinción de 13 fideicomisos. López Obrador ha pedido a los candidatos de su partido que se comprometan a impulsar una renovación “tajante” y una reforma constitucional del Poder Judicial después de las elecciones de 2024.
Esta terna no es inconstitucional, pero es muy criticable al emanar de un gobierno que se ostenta transformador.
