Por Fernando Urbano
El presidente ha intentado de todas las maneras posibles de hacerse de los organismos y poderes del estado, a como dé lugar. Su capricho personal lo llevó a intentar hacerse de la presidencia de la corte a través de sus ministros más serviles, que al día de hoy han demostrado su ignorancia y falta de ética y profesionalismo ocasionadas por su sometimiento al ejecutivo. Desde ese día y como era de esperarse, el enojo y ataques al poder judicial se incrementó desmedidamente.
El Poder Judicial es el encargado de que se cumpla la ley, y la importancia de este asegura la división de poderes; y ha sido hasta el día de hoy el freno necesario que ha puesto un alto a las ocurrencias, caprichos y disparatadas que ha intentado hacer el presidente para atentar en todo momento en contra de la Constitución.
El presidente al parecer no sabe que sus ideas demenciales no caben en lo que correctamente enmarca el texto constitucional y en las bases del estado mexicano. En esa laguna demencial es en la que el presidente construye su falso discurso, que, sin pruebas, pretende debilitar al Poder Judicial, para pisotear y deshacerse también del estado de derecho. Desde hace mucho él mismo dejó en claro su odio y desprecio a la ley y a las instituciones.
Pero al fracasar en su intentar tener un sistema judicial a modo, y toparse con una presidenta institucional y que lo confronta con la ley, tomó la decisión de estrangular sus finanzas para entorpecer el ejercicio judicial y no para ahorcar a una supuesta élite burocrática. Pero recordemos que estos 13 fideicomisos que eliminaron los diputados, no son los únicos de los que se ha hecho el presidente; en lo que va de la administración han sido más de 100 los que han desaparecido para hacerse de esos recursos, que garantizaban desde la protección de familiares de víctimas, hasta el financiamiento de investigación científica y tecnológica, pago de pensiones, reconstrucción de daños causados por desastres naturales, y otras muchas necesidades prioritarias.
En el caso particular los fideicomisos son realmente utilizados para garantizar derechos laborales, pero también para el mantenimiento de la infraestructura física en la que se desarrollan las actividades judiciales; para la operación e implementación de reformas, resoluciones, etc.; la creación de tribunales, y el fortalecimiento y modernización del sistema de impartición de justicia.
Sin sentido, sin argumentación y sin ninguna forma, como ha sido todo el sexenio, el discurso hueco de transformación institucional del presidente sigue exhibiendo su incompetencia e ineptitud para gobernar, pero exhibe su excesiva necesidad de destruir al país y exprimir los recursos públicos para alimentar e intentar mantener vivo a su mal llamado “movimiento de regeneración”.
Este que parecer ser el último intento del sexenio de destruir y atentar en contra del equilibrio de poderes, es la marca final de las locuras del titular del ejecutivo, que pronto pasará a la historia como el peor presidente de México, que intentó y fracasó en transformar el sistema político-electoral, el régimen fiscal, el sistema de seguridad, el de salud y el aparato de justicia, porque su única base era su falta de capacidades.
