Por Fernando Urbano
Quedaba solamente una vía, la judicial, y era esa la última opción para echar atrás, por lo menos de forma parcial, la reforma judicial. Era esa la última oportunidad para evitar la caída del Poder Judicial en México, mantener la división de poderes y que los derechos individuales pudieran estar garantizados por la Constitución.
Para lograrlo se requería que ocho ministros votaran por respaldar el proyecto de Juan Luis González Alcántara, y así obtener la mayoría calificada. Este proyecto era por demás sólido, tenía argumentos jurídicos impecables, insinuaciones políticas inevitables, interpretaciones personales y muchos más recursos producto del derecho mexicano, que marcarán un antes y un después, en una sesión de la Suprema Corte que marcó un día histórico para la vida judicial del país.
El ministro González Alcántara, no me defraudó, hizo hasta lo imposible como miembro del poder Judicial, ejercicio como jurista y defendió su proyecto como lo debe hacer un buen ministro. Propuso técnica y también hizo política. Su proyecto pretendía darle inconstitucionalidad parcial a la reforma judicial, y le daba una buena salida la crisis constitucional que provocó la reforma de López Obrador.
El proyecto no alcanzó los ocho votos que se presumían seguros; a la minoría oficialista, integrada por las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, se les sumó el ministro Alberto Pérez Dayán; a quien inmediatamente se le asignó el título de “El Yunes de la Corte”. Su voto, condicionado por su sumisión al régimen, entregó al país a la Cuarta Transformación, dándoles además la propiedad íntegra del texto constitucional.
“Pérez Traidor, le fallaste a la Nación”, fue el reclamo inmediato que causó como consecuencia del voto del ministro, en los miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se agruparon ese día afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperando que la mayoría de ministros invalidaran la Reforma Judicial que ellos han combatido en las calles desde hace casi tres meses.
La traición del ministro caló entre los juzgadores federales; el día siguiente, en la “mañanera judicial”, el magistrado José Rogelio Alanís García afirmó que Pérez Dayán votó contra la República, “votó contra la República, contra la democracia y contra la federalidad. ¿Por qué contra la federalidad? Porque esta reforma destruye todos los poderes judiciales de los estados”. Sin división de poderes no es posible la democracia.
Los trabajadores del poder Judicial tienen aún la esperanza de que la reforma al Poder Judicial pueda ser revertida mediante juicios de amparo e instancias internacionales. Sus voceros han informado que buscarán llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la excesiva violación al derecho de los mexicanos de ser juzgados por un poder independiente, así como a la separación de poderes.
Por lo pronto ya se dieron los primeros pasos de la elección de jueces y ministros que inició envuelta en el desorden y con una reforma sin pies ni cabeza, en la que el azar, el oficialismo y las “bolitas” en tómbolas decidirán el futuro del estado de derecho. No hay duda que lo que viene, será una disparatada, y dentro de pronto los escépticos terminarán de darse cuenta que en el camino que se ha trazado solamente imperará el caos.
