Por Israel Reyes
Hay ocasiones en que lo más obvio se vuelve un tabú. Sabemos que algunas cosas se deben hacer de tal manera para que el engranaje de las formas y protocolos sigan funcionando, pero ¿realmente sabemos el por qué deben ocurrir? ¿Por qué saludamos así a la bandera? ¿Por qué las autoridades deben rendir anualmente un informe de lo que han hecho?
El informe de gobierno en el Estado de Coahuila de Zaragoza es mucho más que un acto protocolario. Es un pilar de la democracia que combina tradición histórica con un enfoque jurídico de rendición de cuentas. Este evento anual, llevado a cabo por el gobernador en funciones, ofrece un espacio para evaluar el estado de la administración pública, fortalecer el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos, y resaltar los avances y desafíos de la entidad.
El informe de gobierno está cimentado en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, particularmente en el artículo 61, que obliga al Gobernador a presentar un reporte detallado al Congreso del Estado sobre el estado general de la administración pública. Este ejercicio no solo tiene raíces legales, sino que también responde a principios republicanos de transparencia y contrapesos.
En el plano legislativo, el Congreso tiene la facultad de analizar y discutir el informe, lo que permite una revisión exhaustiva de las acciones del Ejecutivo. Este proceso puede derivar en recomendaciones, solicitudes de aclaración, e incluso en investigaciones en caso de detectar irregularidades graves.
Además, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza que la ciudadanía tenga acceso al documento y a los datos que respalden las políticas descritas, fomentando así un gobierno abierto y participativo.
Históricamente, la práctica de los informes de gobierno en Coahuila y en México tiene sus raíces en la Constitución de 1824, cuando se estableció la rendición de cuentas como un principio republicano. En Coahuila, desde su primera constitución en 1827, el gobernador estaba obligado a informar sobre su gestión, reflejando los valores democráticos de la época.
Con el paso del tiempo, la dinámica de estos informes ha evolucionado. Durante el Porfiriato, los informes eran más ceremoniales que críticos. Sin embargo, la Revolución Mexicana marcó un regreso a los valores de la rendición de cuentas, que se consolidaron con las reformas políticas de finales del siglo XX. Hoy, este acto es un reflejo de la madurez democrática de Coahuila y del país.
El contexto actual de Coahuila, con desafíos como el acceso al agua, la seguridad pública, la diversificación económica y el desarrollo sostenible, da un peso especial al informe de gobierno. Es una oportunidad para evaluar no solo los logros del Ejecutivo, sino también su capacidad para atender las demandas sociales más urgentes.
Desde un enfoque jurídico, el informe asegura que el gobernador actúe conforme a la ley. Desde una perspectiva histórica, este acto reafirma un compromiso con la evolución democrática y la transparencia en la entidad.
El informe de gobierno no es solo una obligación legal, sino un espacio de diálogo democrático que fortalece la confianza entre gobierno y ciudadanía, enraizado en los valores históricos y jurídicos que han dado forma a Coahuila de Zaragoza.
