La incesable ola de violencia que amenaza a Sinaloa, inició la madrugada del 9 de septiembre, ha ido en aumento drásticamente, incrementando en forma desmedida homicidios, enfrentamientos armados, y desapariciones. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, entre el 9 y el 24 de septiembre, en Sinaloa se registraron 77 homicidios dolosos.
El incremento de la violencia en el país mantuvo la misma constante durante toda la administración de López Obrador. Datos oficiales señalan que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, la anterior administración acumuló un total de casi 199 mil asesinatos, de los cuales, 5227 se tratan de feminicidios. En este periodo de tiempo, el año 2020 fue el más violento, con un total de 36 mil 773 personas asesinadas.
Estos resultados son consecuencia de la estrategia conocida como “abrazos y no balazos” que fue implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación, y que hasta la fecha la hoy titular del ejecutivo justifica y defiende las palabras de su antecesor, esto aún y cuando existen regiones totalmente sitiadas por el narcotráfico.
Bajo la lógica del gobierno federal, los gobernadores y gobernadoras morenistas han responsabilizado a militares en las labores de seguridad pública de los estados. Pero de acuerdo a informes de la organización México Evalúa, en el que se analiza la participación de los militares en estas tareas, se ha observado que las entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas tienen mayores tasas de homicidios en comparación a las encabezadas por civiles.
Por su parte la organización Causa en Común ha señalado en su informe “Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México”, que la Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad; y que su participación en otras tareas ha incrementado el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos. Además de que la opacidad que existe en las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas, que previamente estaban fuera de su competencia han incrementado los riesgos de corrupción.
La gran mayoría de los estados padecen del debilitamiento de los mecanismos de control sobre la delincuencia organizada provocados por los efectos de la estrategia nacional de seguridad; instituciones de policía y procuración de justicia gravemente corrompidas y con deficientes o insuficientes medios de control; y la innegable vinculación de autoridades locales con células delictivas y del narcotráfico, hacen imposible la contención del fenómeno de seguridad que padece el país. Y la situación a corto plazo no parece tener solución, debido a que el nuevo gobierno y las autoridades de los estados han mostrado una firme resistencia a rectificar o introducir cambios sustanciales en la estrategia de seguridad, solo por la simple cortesía política de empatar sus agendas con la del ejecutivo federal.
Extrañamente, Sheinbaum ha reconocido que existe una crisis de seguridad, pero su voluntad para dar solución al problema, es distinta, “No va a regresar la guerra contra el narco”. “Nosotros vamos a usar prevención y atención a las causas (…) Los delitos de alto impacto van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir”.
La realidad de la agenda de seguridad en México es que la “estrategia” implementada a nivel nacional ha fracasado, y tiene a la población al borde del caos. El fracaso se concentra en la falta de capacidad, estrategia y voluntad en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico. El gobierno federal ha perdido el control de la situación, no lo va a recuperar, y el crimen organizado ha echado raíces como nunca antes y se ha apoderado en gran medida del país.
