Por Fernando Urbano
En más de una ocasión he afirmado que la administración de López Obrador descaradamente ha creado las condiciones necesarias para facilitar a las organizaciones criminales y de narcotráfico sus operaciones, y que su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, no es otra cosa más que su innegable pacto con el crimen organizado específicamente con el Cártel de Sinaloa, para que éste domine todo el país acompañado de los triunfos electorales de Morena. López los ha defendido, liberado y los ha dejado operar y actuar con libertad e impunidad.
Hace unos días, tres periodistas, la mexicana Anabel Hernández, y los estadounidenses Tim Golden y Steven Dudley, hicieron público un artículo relacionado a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se investigó la relación del cártel de Sinaloa con López Obrador, ¿casualidad?. En él se señala a través de declaraciones y testimonios, la entrega de entre 2 y 4 millones de dólares para su campaña presidencial. Además se afirma que el narcotraficante conocido como “La Barbie”, financió el bloque en Paseo de la Reforma en 2006.
En la investigación aparecen nombres de cercanos al hoy presidente, como Héctor Francisco León García, empresario y ex-candidato al Senado en Durango, y Nicolás Mollinedo, el famoso chofer que por mucho tiempo manejó el Tsuru de López Obrador. Además de Mauricio Soto, un consultor que lo apoyó y que es señalado por buscar entrar al negocio del tráfico de cocaína. Como era de esperarse, el titular del ejecutivo minimizó los señalamientos y acusó a los periodistas de estar sometidos al antiguo régimen y ser títeres de los conservadores.
Pero la realidad es que AMLO debe estar muerto de miedo y planeando a qué país será su huída al terminar su sexenio, pues palabras más, palabras menos, el gobierno de Estados Unidos, en cualquier momento puede acusarlo formalmente de tener nexos con el narcotráfico, y más pronto que tarde, seguramente tendrá una cita con la justicia estadounidense; hoy su futuro es más seguro que nunca.
El presidente puede descalificar a los medios, a los periodistas, minimizar la información, y poner a su ejército de voceros financiados por su gobierno a defenderlo, pero nada eso es suficiente para detener lo que al parecer viene. Ya recibió la primera llamada, y fue directa, existe probablemente una investigación que va más atrás de su sexenio, y no debe sorprendernos la posibilidad de que en cualquier momento surjan más acusaciones y que estas sean publicadas gradualmente hasta que terminen en su detención, y muy seguramente en su juicio.
Seguramente detrás de AMLO habrá una larga lista de morenistas que también serán señalados como miembros, operadores o integrantes del propio crimen organizado. Y muy seguramente la encabezará el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, que al igual que el presidente ha defendido a los políticos y empresarios señalados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, alentándolos a participar como candidatos de Morena, pues según él todos tienen derecho a participar en una contienda electoral y ganar; además el propio gobernador llevó a Jesús Vizcarra Calderón compadre de El Mayo Zambada, a una cena de empresarios y políticos con AMLO en Palacio Nacional.
O podría ser la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, que ha movido cielo, mar y tierra para imponer a Rosy Bayardo, como alcaldesa de Manzanillo, lugar por el que llegan la mayoría de los químicos que se utilizan para la elaboración de drogas, a pesar de los múltiples nexos que la vinculan con el Cártel de Sinaloa. La lista seguramente es larga, pero la encabeza el narcopresidente López Obrador, título con el que al final logrará trascender en la historia de México.
