Por Israel Reyes
En la actualidad, las democracias liberales occidentales parecen enfrentar amenazas más sutiles, pero altamente efectivas, que incluso superan el peligro de los golpes de estado. Estos desafíos pueden agruparse en cuatro categorías que, a su vez, funcionan como indicadores del estado de salud democrática.
Hasta hace poco, vivimos días agitados y casi distópicos durante el proceso de Samuel García en Nuevo León. Una parte significativa de la sociedad neolonesa se mantuvo al margen, sin una intención de mostrar apoyo significativo hacia el gobernador-no gobernador. Y alrededor de las redes sociales y medios de comunicación se entabló un debate enérgico y controvertido sobre conceptos fundamentales: democracia, Constitución, igualdad ante la Ley y Estado de derecho. También se discutió sobre moral y ética política.
En la actualidad sigue arraigada esa de que la condición pragmática de la política, centrada en alcanzar o mantener el poder como fin absoluto, justifica cualquier medio, desvinculando así la política de su dimensión ética. Algunos parecen dispuestos a justificar incluso acciones como las de Trump y el asalto al Capitolio o las de Frank Underwood en House of Cards, con tal de evitar un cambio político no deseado. Se romantiza o bien se genera una especie de idealización del ejercicio del poder político cuando este incurre con algunos aspectos fuera de los alcances éticos.
Este fenómeno no es nuevo. Tanto Maquiavelo como Hobbes promovieron un pensamiento político realista que desencadenó un relativismo ético que sustentó episodios oscuros en la historia. Del relativismo surgieron el maquiavelismo, las teorías de razón de estado, el utilitarismo, el cinismo político y otras corrientes como el oportunismo o el tacticismo (una especie de cálculo entre estrategia y moral). La historia demuestra que obviar la ética en la política causa un grave daño a la democracia y al Estado de derecho, ya que la ética guarda una relación esencial con ambos.
La ética juega un papel crucial en nuestra concepción de Estado de derecho, basada en la filosofía kantiana. En Kant convergen el contrato social y las teorías jurídicas de Rousseau, Locke y Hobbes para establecer el fundamento del orden jurídico, un orden de convivencia en el que se entrelazan la ley, la moral y la libertad. En la actualidad, el elemento moderno esencial del Estado de derecho se basa en la política sometida y limitada por el Derecho, que garantiza la protección de los derechos individuales y limita la actuación del gobierno a través de un contrato social original, la Constitución Política. En países como México, Brasil, Argentina y Estados Unidos, el concepto de Estado de derecho está ligado al principio de la supremacía de una Constitución, que puede ser reformada siempre y cuando se haga siguiendo las mayorías cualificadas establecidas, nunca mediante estratagemas que contradigan el espíritu de la ley.
En lo que respecta a la relación entre ética y democracia, esta última se entiende como el sistema político en el que los ciudadanos, en un marco de imperio de la ley, ejercen el poder a través del sufragio universal y el pluralismo. La Ley marco, o Constitución, se basa en valores éticos y cívicos que constituyen la base axiológica de las leyes y los derechos. En el siglo XXI, las democracias se desmoronan lenta pero inexorablemente desde dentro del sistema, erosionando progresivamente su fundamento ético. Levitsky y Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard, en su libro “Cómo mueren las democracias”, plantean la idea central de que “la democracia funciona siempre que se apoya en dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional”.
Estos expertos reflexionan sobre cómo el debilitamiento de las democracias comienza tras las elecciones.
La democracia está sobrevalorada, pero sólo para la clase política.
