Por Fernando Urbano
Todo fue un malentendido, la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador, era a la inversa. La lucha no era contra la corrupción, si no en contra de los organismos que la detectan y que tienen funciones de vigilancia y capacidad de investigar los abusos de poder y los saqueos al erario. Por esa razón López pretendió crear su propio sistema anticorrupción, uno capaz de no ver lo que él decide ignorar y que no le fuera incómodo.
Por eso es entendible su inexplicable necesidad de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, es que tanto le estorbaba e incomodaba. Esa fue siempre la intención, debilitar los mecanismos dispuestos para identificarla para que pudiera florecer sin preocupaciones bajo el amparo presidencial y a los pies de la 4T, sin consecuencias, ni obligación.
La desactivación de los órganos anticorrupción fue lenta pero segura, la Auditoría Superior de la Federación se entregó en cuerpo y alma al presidente. El Instituto de Transparencia existe bajo la censura y la amenaza constante del obradorato. La Secretaría de la Función Pública a estas alturas ya se hizo irrelevante. Mientras que la Fiscalía Anticorrupción fue limitada en funciones y capacidades. La Ley de Transparencia quedó inoperante para dar a conocer la información en la obra pública de alto riesgo por montos y escala, al estar declaradas sin fundamentación como asuntos de seguridad nacional.
Además, el presupuesto anticorrupción ha disminuido casi en un 15% en términos reales desde el 2018. Y aquellas organizaciones civiles que alguna vez observaban con lupa el quehacer administrativo, hoy están sometidas por el yugo presidencial y señaladas como terroristas anti-4T, solo por haberse atrevido a denunciar las corruptelas sexenales.
A lo anterior hay que sumarle la falta de actualización de las bases de datos abiertos para conocer distintos indicadores públicos, así como el ocultamiento de contratos millonarios en el sector energético, y de proveedurías, datos insertos en plataformas que no permiten una búsqueda ágil y completa de información en torno a sus licitaciones, y que tampoco permiten la descarga de sus bases de datos para su análisis.
La defensa y fortalecimiento de las instituciones que controlan la corrupción, y los órganos que garantizan la transparencia, es cosa del pasado. Hoy la lucha anticorrupción carece de garantías y disposición institucional para erradicarla. El gobierno esconde información, y prepondera el ejercicio discrecional y opaco de los recursos; no son casos aislados, es un comportamiento lineal y repetido.
Hoy sabemos que fue totalmente falsa la potente promesa de López de combatir la corrupción y de tener el gobierno “más transparente de la historia”. La corrupción, ahora la administra el presidente a conveniencia y con juicio selectivo. Y se ha anidado en un gobierno que prepondera la ilegalidad, bajo la insidiosa narrativa de la austeridad.
