Por Fernando Urbano
La noche del 1 de octubre ocurrió la primera masacre del sexenio, ocasionada por militares mientras realizaban labores de vigilancia en Chiapas. La Secretaría de la Defensa señaló que mientras se trasladaban a bordo de una patrulla, en un camino rural, “personal del Ejército manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”. Los militares ejecutaron a seis migrantes e hirieron a diez. Uno de los ejecutados era un niño de once años.
Esto es simple consecuencia de la decisión del gobierno de entregar las tareas de seguridad pública al Ejército y a la Marina. La conclusión es simple, los soldados no deben hacer labores de policías, su preparación no está enfocada en eso, si no en habilidades tácticas y en el auxilio a la población en casos de desastres; esta es la primera llamada de atención a la presidenta por el uso de militares en tareas de seguridad pública.
Lo ocurrido en Chiapas, no fue lo único que sucedió el primer día del nuevo sexenio, este evento estuvo acompañado de 80 homicidios, la gran mayoría ocurridos en los estados de Guanajuato, que registró diecinueve; Chihuahua, con nueve; Estado de México, siete; Guerrero, Michoacán y Nuevo León, seis; y Sinaloa con tres.
En el caso particular de Chiapas, pasó algo diferente, algo que no pasaba en el sexenio anterior, la presidenta dio la cara, no optó por revictimizar y asumió la responsabilidad, “No puede repetirse una situación así”, fueron las palabras con las que Claudia Sheinbaum condenó el actuar de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además agregó, “Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya están a disposición de la Fiscalía General de la República, y es la Fiscalía la que tiene que hacer la investigación”. Y de forma contundente señaló que dio instrucciones al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, para girar instrucciones y evitar que se repita este tipo de asesinatos, y de igual forma reiteró que, cualquiera que sea el resultado, eso no debe pasar.
De esto, debemos rescatar que la presidenta Sheinbaum no está mimetizada en la lógica del expresidente, pero su discurso carece de lógica al afirmar que está preparando todo para combatir al crimen, sin desatar una nueva “guerra contra las drogas”, partiendo de lo que hizo en la Ciudad de México y de sus resultados, pero sin considerar el nivel de complejidad que implica el mismo fenómeno a nivel nacional.
La estrategia de seguridad del nuevo gobierno deberá ser sólida y arrancar desde la dependencia heredada del despliegue militar, que al menos hasta el día de hoy no ha logrado contener la expansión de las organizaciones criminales y mucho menos reducir los niveles de violencia. El único camino seguro para tener resultados es la no continuidad al sistema obradorista de no asumir la responsabilidad del estado, negar la realidad y permitir que las organizaciones criminales crezcan y operen con el visto bueno del presidente.
