La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus comentarios contra la senadora Xóchitl Gálvez, al advertir posible violencia política de género.
El INE ordenó el retiro o modificación de las conferencias matutinas, así como las versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio que contengan las expresiones denunciadas en un plazo de 12 horas.
Además, se aprobó una tutela preventiva, a fin de que el mandatario “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa”.
Lo anterior, en acatamiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que advirtió posible violencia política de género contra la participante del proceso del Frente Amplio por México.
La Sala Especializada del Tribunal Electoral será la encargada de analizar el asunto de fondo y determinar si el presidente cometió violencia política de género en contra de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, señaló que debe haber tolerancia cero hacia la violencia política de las mujeres, incluyendo la invisibilización de la trayectoria de las mujeres.
Subrayó que descalificar e invisibilizar representa un acto de violencia simbólica contra las mujeres, al señalar que sus logros políticos son resultado de la imposición de un grupo de hombres.
Luego que el Tribunal Electoral (TEPJF) determinó que diversas manifestaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras pudieran constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, el Mandatario federal acusó que el INE y el Tribunal Electoral están vendidos o alquilados.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que esta determinación es una “violación flagrante” a la libertad de expresión.
