La historia de la región Laguna no puede entenderse sin el agua, el algodón y la tierra. Tampoco sin los conflictos que durante décadas acompañaron su propiedad y explotación. A las puertas del noventa aniversario del reparto agrario de 1936, recordar aquel episodio no significa únicamente volver a una fecha conmemorativa. Significa revisar uno de los momentos que modificaron con mayor profundidad la estructura económica, social y política de la región y que convirtió a Coahuila y Durango en escenario de una de las decisiones agrarias más importantes del México del siglo XX.
La Comarca Lagunera había desarrollado desde finales del siglo XIX una agricultura altamente productiva, favorecida por los ríos Nazas y Aguanaval, la expansión de los sistemas de riego y por el cultivo del algodón. La riqueza generada por ese modelo convirtió a la región en uno de los espacios agrícolas más dinámicos del país, pero también produjo concentración de la propiedad. Grandes haciendas y compañías controlaban extensiones considerables, mientras miles de trabajadores dependían de ellas para obtener empleo y sustento.
La tensión por la tierra era mucho más antigua que el cardenismo. En Coahuila existe un antecedente significativo en Matamoros. Durante buena parte del siglo XIX, pobladores de aquella zona sostuvieron una larga disputa por las tierras que cultivaban. El conflicto llegó hasta el gobierno de Benito Juárez y, en agosto de 1864, se acordó dotar a 352 familias de 18 sitios de ganado mayor. El episodio muestra que la propiedad de la tierra era ya un problema central en la construcción social de La Laguna.
Décadas después, la Revolución Mexicana colocaría la cuestión agraria en el centro de la transformación nacional. La Constitución de 1917 dio al Estado instrumentos para intervenir en la propiedad y atender las demandas campesinas, pero el reparto avanzó de manera desigual. Para miles de trabajadores rurales, la promesa revolucionaria seguía siendo una promesa.
La situación alcanzó un punto crítico en La Laguna durante 1936. La organización de trabajadores agrícolas se había fortalecido y las demandas laborales y agrarias derivaron en una huelga que involucró a miles de campesinos. En agosto de aquel año, alrededor de veinte mil trabajadores del campo participaron en el movimiento. La magnitud del conflicto colocó a la región frente a una decisión que ya no podía aplazarse.
El 6 de octubre de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas puso en marcha el reparto agrario de La Laguna. La decisión afectó una parte sustancial de las grandes propiedades de la región y estableció un modelo basado fundamentalmente en ejidos colectivos. No se trataba simplemente de dividir una hacienda en pequeñas parcelas. La intención era conservar unidades productivas capaces de mantener la escala de una agricultura que dependía de infraestructura, agua, crédito, maquinaria y coordinación.
La ejecución fue muy rápida. Días después del decreto llegaron a la región equipos de ingenieros encargados de trabajos topográficos, censos, avalúos y delimitaciones. El 17 de octubre se realizó una de las primeras entregas formales y, para finales de noviembre, la operación había transformado la tenencia de la tierra en la Comarca Lagunera. Las fuentes históricas ofrecen cifras distintas según la superficie que contabilizan; tierra irrigada, temporal, agostadero o el total incorporado, pero coinciden en la dimensión del proceso, decenas de miles de campesinos fueron incorporados a cientos de ejidos en unas cuantas semanas.
Esa precisión importa porque la magnitud del reparto no necesita exageraciones. Una publicación de la Secretaría de Cultura de Coahuila registra que, considerando el conjunto de las superficies distribuidas, se otorgaron más de 447 mil hectáreas a 34 mil 734 campesinos agrupados en 296 ejidos. Otras fuentes, al referirse específicamente a tierras agrícolas de riego y temporal, utilizan cifras menores. Lo relevante es entender que se modificó de manera radical la vida de quién trabajaba la tierra, bajo qué organización la trabaja y con qué relación lo hace frente al Estado.
En Coahuila, el proceso alcanzó particularmente a San Pedro, Matamoros, Torreón y Viesca. En Durango comprendió zonas de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí. La Laguna demostró entonces una característica que conserva hasta nuestros días, sus procesos económicos y sociales difícilmente pueden comprenderse desde una sola frontera estatal.
San Pedro ocupó un lugar simbólico. El 9 de noviembre de 1936, Lázaro Cárdenas llegó ahí para revisar personalmente el avance de la reforma. Su mensaje permite entender que el proyecto ya no se reducía a entregar títulos o modificar linderos. Tierra y agua debían acompañarse de crédito, educación, salud y organización productiva. El nuevo ejidatario necesitaba condiciones para producir; de lo contrario, el reparto podría convertirse únicamente en una modificación jurídica sin capacidad para transformar la vida cotidiana.
Ahí radica una de las particularidades del ensayo lagunero. La reforma intentó ser integral. El crédito ejidal buscó financiar semillas, insumos, maquinaria y ciclos agrícolas. La asistencia técnica debía permitir que quienes habían trabajado bajo la dirección de grandes propiedades asumieran colectivamente decisiones productivas. Las escuelas rurales y los servicios de salud formaban parte de una visión en la que transformar el campo implicaba transformar también las condiciones de las familias.
El Banco Nacional de Crédito Ejidal fue una pieza importante de ese diseño. En una región donde producir algodón requería capital, riego y capacidad de comercialización, entregar únicamente la tierra habría sido insuficiente. La organización colectiva pretendía conservar una escala que hiciera posible utilizar maquinaria, administrar el agua y acceder al financiamiento.
La experiencia estuvo lejos de ser perfecta. La rapidez del reparto provocó errores de planeación y dificultades administrativas; la relación entre ejidos y organismos de crédito generó dependencias y las decisiones colectivas no siempre funcionaron de la misma manera. Idealizar el reparto impediría comprenderlo. Pero reducirlo a sus problemas posteriores sería igualmente injusto con su dimensión histórica.
Lo ocurrido modificó la estructura social de la región. Miles de trabajadores dejaron de relacionarse con la tierra exclusivamente como peones de una hacienda y pasaron a integrarse en núcleos agrarios con derechos reconocidos. Cambiaron las formas de organización comunitaria, las relaciones laborales y también la manera en que el Estado se vinculaba con el campo.
Por eso el reparto agrario debe observarse sin mitificación ni descalificación automática. Fue una política de su tiempo, con objetivos económicos, sociales y políticos concretos, cuyos resultados cambiaron conforme también cambió México.
La experiencia lagunera tuvo repercusiones nacionales. El cardenismo extendió después grandes acciones agrarias hacia Yucatán, el Valle del Yaqui, zonas de Michoacán y el norte de Sinaloa. Al terminar el sexenio de Cárdenas se habían constituido más de diez mil ejidos y distribuido alrededor de 18 millones de hectáreas mediante las acciones de aquel gobierno. La reforma agraria dejó de ser una aspiración posrevolucionaria para convertirse en una modificación efectiva de la propiedad en amplias zonas del país.
Pero La Laguna conserva un lugar especial dentro de esa historia porque ahí el gobierno decidió intervenir en una región agrícola moderna, productiva y económicamente estratégica. No se repartían únicamente tierras marginales. Se intervenía sobre uno de los centros algodoneros más importantes de México y se intentaba demostrar que el ejido colectivo podía mantener su capacidad productiva.
Noventa años después, el campo es distinto. También lo son los problemas. Hoy la discusión en La Laguna gira alrededor de la disponibilidad de agua, la tecnificación del riego, la rentabilidad de los cultivos, el relevo generacional, la comercialización y la sustentabilidad. El reparto agrario resolvió una parte de la discusión sobre quién tenía derecho a la tierra. No podía resolver para siempre la pregunta sobre cómo hacerla productiva.
La propiedad constituye un derecho y una base de autonomía, pero la productividad requiere muchas otras condiciones, agua administrada con responsabilidad, crédito accesible, tecnología, capacitación, infraestructura, seguridad jurídica y canales comerciales.
En eso, la experiencia de 1936 conserva una enseñanza vigente. Cárdenas comprendió que repartir tierra sin construir alrededor de ella instrumentos productivos podía condenar la propia reforma. Por eso el proyecto incorporó financiamiento, asistencia técnica y organización. Puede discutirse el funcionamiento que esos instrumentos tuvieron después, pero no la necesidad que buscaban atender.
Conmemorar el reparto agrario debería servir precisamente para eso, para entender el proceso y no solamente para repetir sus símbolos.
La imagen de Lázaro Cárdenas conserva una fuerza particular en San Pedro y en numerosas comunidades de La Laguna porque detrás de ella existe una memoria familiar. Para muchas personas no se trata de un episodio leído en un libro, sino de la historia del abuelo o del bisabuelo que recibió derechos agrarios, participó en un ejido, trabajó el algodón y construyó a partir de esa nueva condición el patrimonio de las siguientes generaciones.
Esa memoria explica por qué cada 6 de octubre la conmemoración mantiene una dimensión distinta en la Comarca Lagunera. Es la fecha de una política nacional, pero también de una transformación profundamente local. Y quizá ahí se encuentre la mejor manera de recordar sus noventa años. No como una discusión congelada entre defensores y críticos de modelos económicos de otra época, sino como el reconocimiento de que la estructura actual de La Laguna fue construida también a partir de aquella hoja que hoy forma parte de la historia.
La región que hoy conocemos, industrial, agrícola, urbana y extendida entre Coahuila y Durango, guarda todavía huellas del reparto en sus comunidades, en sus ejidos, en sus sistemas de riego, en sus organizaciones y en su propia identidad.
El 6 de octubre de 1936 no resolvió todos los problemas del campo. Tampoco convirtió automáticamente al ejido en una fórmula perfecta ni eliminó las desigualdades rurales. Pero cambió algo esencial. Durante mucho tiempo, miles de hombres habían trabajado una tierra que pertenecía a otros. A partir de entonces, una parte importante de ellos comenzó a trabajar una tierra sobre la que tenía derechos propios.
Ese cambio alteró la economía, la vida comunitaria y la relación entre el campesino y el Estado. Por eso, noventa años después, el reparto agrario de La Laguna sigue siendo algo más que una efeméride.
Es una de las páginas en las que puede leerse cómo se construyó el Coahuila contemporáneo y cómo una región entera cambió cuando cambió también la relación de sus habitantes con la tierra.
