Autoridades de Estados Unidos investigan las acciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) luego de que surgieran señalamientos sobre una estrategia que habría permitido que importantes cargamentos de fentanilo continuaran circulando sin ser decomisados.
Una comisión de la Cámara de Representantes, encabezada por legisladores republicanos, solicitó información al Departamento de Justicia para determinar si agentes de la DEA realizaron labores de vigilancia sobre estos cargamentos, pero recibieron instrucciones de no intervenir inmediatamente.
El congresista James Comer cuestionó que las autoridades pudieran haber permitido la circulación de grandes cantidades de fentanilo como parte de investigaciones de mayor alcance. Advirtió que una política de este tipo podría haber tenido consecuencias graves para la población.
Los señalamientos se relacionan principalmente con operaciones realizadas en Nuevo México entre 2023 y 2025. Una investigación periodística de la agencia AP reportó que agentes de la DEA habrían seguido grandes envíos de la droga sin realizar su incautación.
El caso también incluye testimonios de informantes de la propia agencia, quienes habrían señalado que recibieron instrucciones para no decomisar cientos de miles de pastillas de fentanilo mientras se desarrollaban las investigaciones.
La DEA ha defendido este tipo de procedimientos bajo el argumento de que algunas investigaciones requieren mantener los cargamentos bajo vigilancia para identificar a integrantes de organizaciones criminales y obtener información que permita llegar a objetivos de mayor nivel.
La estrategia representa un cambio respecto a una política implementada en 2017, que establecía que los agentes debían decomisar el fentanilo tan pronto como fuera posible.
Terry Cole, administrador de la DEA, ha defendido el trabajo de la agencia y señalado que sus investigaciones se realizan dentro del marco legal y buscan concentrarse en las organizaciones responsables del tráfico de drogas.
La comisión legislativa continúa solicitando documentos y explicaciones para determinar quién autorizó estas prácticas, bajo qué criterios fueron aplicadas y si tuvieron consecuencias sobre la distribución de fentanilo en territorio estadounidense.
