El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir, una vez concluido el Mundial, un debate nacional sobre la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial volvió a colocar sobre la mesa una de las discusiones más delicadas de cualquier democracia moderna, ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando intenta regular el espacio donde hoy circula la mayor parte de la conversación pública?
La justificación oficial parte de objetivos que difícilmente podrían considerarse cuestionables. Hablar de la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos nocivos, analizar los efectos de la adicción digital, discutir el funcionamiento de los algoritmos o revisar el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial son temas que ocupan la agenda de prácticamente todas las democracias desarrolladas.
México, desde luego, no tendría por qué mantenerse al margen de esa conversación. El problema nunca ha sido debatir la regulación. El verdadero desafío consiste en definir quién regula, bajo qué criterios, con qué límites y bajo qué mecanismos de control.
Es decir, regular no es, por sí mismo, sinónimo de censurar. Pero tampoco toda regulación garantiza automáticamente la protección de las libertades. Todo depende de cómo se escriban las reglas. Y ahí aparece el elemento que vuelve especialmente sensible esta discusión en México.
Las redes sociales dejaron hace tiempo de ser únicamente espacios de entretenimiento. Hoy constituyen uno de los principales canales de información, debate público, denuncia ciudadana, organización social y crítica política, particularmente entre los sectores más jóvenes de la población. Eso obliga a analizar cualquier propuesta regulatoria con un nivel mucho mayor.
Cuando el propio gobierno plantea discutir quién controla la información, cómo funcionan los algoritmos o qué contenidos deberían estar disponibles para determinados sectores de la población, resulta natural que surjan preguntas sobre el alcance que eventualmente podrían tener esas decisiones.
No porque toda regulación implique censura, sino porque la historia demuestra que las normas ambiguas suelen abrir espacios para interpretaciones igualmente ambiguas. Una ley mal diseñada puede producir efectos muy distintos a los objetivos que originalmente perseguía.
La protección de menores puede convertirse en restricciones excesivas para usuarios adultos. El combate a la desinformación puede derivar en procedimientos poco claros para retirar contenidos. La supervisión tecnológica puede terminar afectando la innovación o la libertad de expresión si no existen controles institucionales suficientes. No son escenarios hipotéticos construidos desde la especulación. Son debates que ya enfrentan distintas democracias alrededor del mundo.
En México existen además antecedentes que alimentan esa cautela. Casos recientes, como la aplicación de disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí, generaron cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y periodistas sobre el posible impacto que una regulación imprecisa puede tener en el ejercicio de derechos fundamentales.
La libertad de expresión nunca ha sido un derecho absoluto. Pero precisamente por ello cualquier limitación debe ser excepcional, proporcional, claramente definida y estar sujeta a mecanismos independientes de revisión.
Quizá ésa sea la verdadera discusión que México tendrá que enfrentar en las próximas semanas. No decidir entre regulación o libertad. Sino demostrar que es posible proteger una sin sacrificar la otra.
