La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump impuso al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al concluir que esa norma no le otorga facultades para establecer gravámenes sin autorización del Congreso.
En una decisión de seis votos contra tres, el máximo tribunal —de mayoría conservadora— respaldó el fallo de una instancia inferior y determinó que la interpretación de la Casa Blanca excedía los límites del poder ejecutivo. El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la IEEPA no autoriza al mandatario a imponer aranceles y subrayó que corresponde al Congreso establecer impuestos y regular el comercio exterior.
La sentencia también invocó la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, principio jurídico que exige una autorización clara del Congreso cuando el Ejecutivo adopta medidas con gran impacto económico y político. Según la Corte, permitir que la IEEPA respalde aranceles globales implicaría invadir competencias legislativas.
Trump utilizó los aranceles como eje de su política económica y comercial durante su segundo mandato. En 2025 impuso gravámenes de 25% a México y Canadá y de 10% a China, argumentando que no hacían lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Posteriormente anunció un arancel general de 10% a importaciones de la mayoría de los países.
Las medidas fueron impugnadas por empresas afectadas y por una docena de estados, que argumentaron que los aranceles equivalen a impuestos y que la Constitución reserva esa facultad al Congreso. Economistas estimaron que los gravámenes aplicados bajo la IEEPA habían generado más de 175 mil millones de dólares, recursos que ahora podrían ser objeto de devolución tras el fallo.
Aunque Trump también aplicó aranceles con base en otras leyes que no están bajo revisión en este caso, la decisión representa un revés significativo para su estrategia comercial y limita el uso de poderes de emergencia para imponer medidas económicas de amplio alcance.
La Casa Blanca había anticipado que, si el tribunal anulaba los aranceles bajo la IEEPA, buscaría sustituirlos con otros mecanismos legales. Con esta resolución, la Corte reafirma el equilibrio de poderes y establece límites claros a la autoridad presidencial en materia comercial.
