La reaparición del sarampión en México no es una fatalidad biológica ni un accidente estadístico. Es el resultado directo de decisiones políticas, omisiones administrativas y una pérdida progresiva de prioridad en la agenda pública. Durante décadas, el país fue ejemplo regional al mantener coberturas de vacunación cercanas al 95%, nivel suficiente para sostener la inmunidad colectiva y mantener bajo control una de las enfermedades más contagiosas del planeta. Hoy, esa cifra ronda el 71%. El retroceso no es marginal, es estructural.
México acumula 8,459 casos confirmados de sarampión, de los cuales 2,027 corresponden a 2026. Es el mayor número en América. Desde abril de 2025 se han registrado 28 muertes, muchas asociadas a esquemas incompletos o inexistentes. La Secretaría de Salud confirmó decesos recientes en Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Michoacán. El país que interrumpió la transmisión en 1995 enfrenta ahora el riesgo real de restablecer cadenas sostenidas de contagio.
El problema no surgió de la noche a la mañana. La Asociación Mexicana de Vacunología documentó que entre 2006 y 2024 alrededor del 25% de la población objetivo no recibió la vacuna SRP necesaria. Durante ese periodo, IMSS e ISSSTE aplicaron menos de la mitad de las dosis requeridas para cubrir a su población asignada. La Secretaría de Salud compensó parcialmente la brecha, pero el sistema en su conjunto nunca alcanzó coberturas uniformes. Se acumuló vulnerabilidad silenciosa.
México logró controlar el sarampión con campañas intensivas y coberturas superiores a 95 por ciento. Ese estándar se relajó. Tras la pandemia, los esquemas incompletos se multiplicaron y la vacunación dejó de ocupar la primera línea del discurso público. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la caída en coberturas abre la puerta a brotes en cuestión de meses, no de años.
Desinformación digital, mitos sobre supuestos efectos adversos se viralizan más rápido que las campañas oficiales. Intermitencia institucional, jornadas esporádicas, comunicación poco clara y, en algunos periodos, problemas de suministro. Cansancio social, después de la COVID-19, parte de la población normalizó la idea de que “ya no pasa nada” si se omite una dosis. El resultado es previsible, el virus encuentra nichos de baja inmunidad y se propaga.
Hay responsabilidad gubernamental. La prevención no puede depender de efemérides ni de ruedas de prensa aisladas. Se requieren campañas constantes, férreas y territorializadas, con brigadas casa por casa, escuelas como aliadas y datos públicos actualizados por municipio. La salud pública no se sostiene con anuncios, sino con presencia sostenida.
Pero también hay responsabilidad individual. Vacunarse no es una opinión; es una acción basada en evidencia que protege a terceros, bebés, personas inmunodeprimidas y adultos mayores. Postergar citas, ignorar cartillas o compartir información no verificada tiene consecuencias colectivas.
Coberturas verificables y transparentes, metas públicas por entidad y colonia; auditorías ciudadanas.
Campañas permanentes, no solo “semanas nacionales”, sino estrategia anual con recordatorios digitales y brigadas móviles.
Alianza con escuelas y empresas, revisión de cartillas al inicio de ciclos y jornadas en centros de trabajo.
Combate frontal a la desinformación, vocerías técnicas visibles, respuesta rápida en redes y sanciones a publicidad engañosa.
Abasto garantizado, compras oportunas y logística eficiente para evitar excusas.
El sarampión, regresa cuando la prevención se debilita. La lección es clara, cada punto porcentual en que cae la cobertura es una puerta que se abre al brote. Si gobierno y ciudadanía no asumen su parte con disciplina y continuidad, la factura se pagará en hospitalizaciones evitables.
La baja cobertura de la vacuna contra el sarampión es una de las razones que explica el brote que ha causado 28 muertes en México desde abril de 2025, de acuerdo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM. El especialista ha subrayado que el problema comenzó a gestarse hace tres décadas y que actualmente existen personas menores de 49 años con algún nivel de vulnerabilidad acumulada.
México registra el mayor número de casos de sarampión en América. El epidemiólogo Pablo Francisco Oliva Sánchez, de la UAM, ha advertido que el brote actual no es repentino ni aislado, sino resultado de una disminución progresiva en las coberturas durante varios años. De alcanzar el 95% en la década de los noventa, el país descendió a niveles cercanos al 71%, muy por debajo del umbral necesario para considerar controlada la enfermedad.
El sarampión es una de las infecciones más contagiosas, una persona puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles al virus. Cuando el virus entra en comunidades con baja protección inmunológica, la propagación es exponencial. Estados como Chihuahua, Jalisco y Chiapas concentran actualmente buena parte de los casos.
El deterioro no puede analizarse sin contexto político. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el sistema de salud sufrió una reconfiguración que debilitó su capacidad operativa. La desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI, la centralización de compras y la ruptura de cadenas tradicionales de distribución generaron incertidumbre y desabasto intermitente, incluidos biológicos. Mientras el discurso prometía un sistema mejor que el de países desarrollados, los indicadores de vacunación mostraban una caída sostenida.
La vacunación requiere planeación multianual, compras anticipadas, logística refrigerada eficiente y monitoreo permanente. Cuando estos engranajes se alteran, el impacto es acumulativo. La narrativa de combate a la corrupción no sustituyó la necesidad de continuidad operativa. El resultado fue una brecha ampliada tras la pandemia de COVID-19, cuando millones de menores no completaron esquemas básicos y la recuperación fue desigual.
El impacto económico es significativo. La atención de complicaciones por sarampión implica costos hospitalarios superiores al precio de la vacuna, además de pérdidas laborales y presión sobre unidades médicas saturadas. Cada brote representa un gasto que pudo evitarse con prevención sostenida.
A esta ecuación debe añadirse el efecto demográfico. Las personas que no recibieron vacunas completas hace diez o quince años hoy son adolescentes y adultos jóvenes que pueden convertirse en vectores silenciosos de transmisión. La falsa percepción de que el sarampión es una enfermedad “del pasado” generó una relajación peligrosa. La memoria colectiva se debilitó al mismo ritmo que las coberturas.
El brote actual también evidencia fallas en los sistemas de información. La ausencia de padrones digitales consolidados y la fragmentación entre instituciones dificultan identificar con precisión a la población rezagada. Sin datos actualizados por colonia y grupo de edad, la intervención se vuelve reactiva y no preventiva. La transparencia en cifras no es un gesto político, es una herramienta epidemiológica.
Además, la movilidad internacional constante incrementa el riesgo. Muchos brotes recientes iniciaron con casos importados. Sin embargo, el contagio sostenido solo ocurre cuando el virus encuentra comunidades con baja inmunización. El problema no es la llegada del virus, sino la ausencia de barreras inmunológicas suficientes para contenerlo.
La experiencia internacional demuestra que revertir la caída en coberturas exige liderazgo técnico, presupuesto protegido y campañas de alto impacto social. No basta con exhortar; es necesario facilitar el acceso con horarios extendidos, brigadas móviles y coordinación interinstitucional real. La vacunación debe regresar a las escuelas, a los centros laborales y a las comunidades rurales con la misma intensidad que tuvo en décadas pasadas.
También es indispensable blindar el financiamiento preventivo. La salud pública no puede depender de ajustes discrecionales. La inversión en biológicos y logística debe considerarse gasto prioritario y no variable de ajuste fiscal. Cada peso destinado a vacunación ahorra múltiples pesos en hospitalización y atención de complicaciones.
La discusión también debe incorporar un elemento de rendición de cuentas. Las coberturas no pueden presentarse como promedios nacionales que diluyen responsabilidades estatales o municipales. Es indispensable publicar metas específicas por entidad federativa, identificar rezagos por distrito sanitario y establecer calendarios verificables de recuperación. Sin métricas claras y seguimiento público, la recuperación será declarativa y no efectiva.
Asimismo, el sistema educativo puede convertirse nuevamente en un eje estratégico. La revisión obligatoria de cartillas al inicio de cada ciclo escolar y la coordinación con padres de familia permitirían cerrar brechas rápidamente. Las campañas en centros laborales y comunidades rurales deben recuperar la lógica territorial que caracterizó a las décadas de mayor éxito en vacunación.
El país demostró que podía erradicar la transmisión. Recuperar ese estándar exige reconocer que la salud pública no admite improvisaciones ni subordinaciones ideológicas. Cada muerte registrada es una falla prevenible. Cada contagio es evidencia de una brecha que pudo cerrarse.
El sarampión regresó porque la prevención retrocedió. Y mientras no se restituya la vacunación como prioridad nacional con financiamiento estable, logística eficiente y corresponsabilidad ciudadana, México seguirá pagando el precio de haber relajado uno de los pilares más exitosos de su política sanitaria. La lección es contundente, la prevención no es un acto simbólico, es una disciplina permanente. Cuando se debilita, las décadas de avance pueden desmoronarse en cuestión de meses.
