Hay tragedias que duelen. Y hay tragedias que, además de doler, revelan.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo dejó muertos, heridos y familias rotas. Dejó al descubierto algo mucho más profundo, la velocidad con la que el poder en México activa su maquinaria narrativa para reacomodar la realidad antes de que siquiera termine de asentarse el polvo del accidente.
No habían pasado horas cuando la tragedia ya estaba siendo reempaquetada. No como un hecho que exige responsabilidades, sino como un “evento lamentable”, un “accidente”, una “circunstancia”, y prácticamente de inmediato, como una oportunidad para ensayar el libreto más cómodo de todos, el del gobierno convertido en víctima.
Porque en la gramática oficial, el problema no es que un tren se haya salido de la vía.
El problema es que “se politice”.
No son las vías, ni los materiales, ni la supervisión, ni los contratos, ni los responsables.
El problema son las preguntas.
No son los muertos.
Son las críticas.
No son las fallas.
Es la “campaña de los conservadores”.
Y así, casi por arte de magia, el guión se invierte, quienes gobiernan pasan a ocupar el lugar de los agraviados, y quienes cuestionan, el de los culpables.
El país no discute por qué se descarriló el tren.
Discute por qué “no se deja trabajar al gobierno”.
No se habla de peritajes.
Se habla de “ataques”.
No se habla de cadenas de responsabilidad.
Se habla de “quién gana políticamente con la tragedia”.
Y mientras tanto, la pregunta esencial, la que debería ser la primera, la segunda y la última, queda en el olvido: ¿Quién falló?.
Porque en un país donde el poder ya no rinde cuentas, sino que pide comprensión, la tragedia deja de ser un llamado a la justicia y se convierte en una molestia comunicacional. La prioridad ya no es esclarecer, sino amortiguar. No es corregir, sino administrar el impacto político del daño. No es reparar, sino contener la conversación pública. En ese proceso, la verdad deja de ser un objetivo y se convierte en un riesgo.
Se administra el lenguaje, se edita el silencio, se dosifica la información y se empuja al olvido como estrategia de gobernabilidad. No se gobierna sobre los hechos, sino sobre la percepción. No se responde al daño, sino al impacto mediático. La política deja de ser ejercicio de responsabilidad y se transforma en operación de control narrativo.
La Cuarta Transformación no enfrenta el accidente. Enfrenta la narrativa del accidente.
No revisa la obra. Revisa la conversación.
No busca responsables. Busca desactivar preguntas.
Y en ese movimiento, el Estado deja de ser garante y empieza a comportarse como un proyecto político que se protege a sí mismo, que administra silencios, que mide palabras, que desplaza la atención, que convierte la exigencia ciudadana en molestia y la crítica en amenaza.
Lo más inquietante no es el accidente. Es la naturalidad con la que se intenta normalizar la idea de que el verdadero daño no son las vidas perdidas, sino la crítica pública.
Como si el problema no fuera un tren que se sale de la vía, sino una sociedad que no se queda callada. Porque cuando el poder se declara víctima, la justicia queda huérfana. Y entonces ya no solo se descarrilan los trenes. Se descarrila también la responsabilidad.
