Un peritaje balístico independiente contradice la versión de la Fiscalía General de Michoacán sobre la muerte del agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El análisis determinó que la bala que abatió al homicida no fue disparada con su propia arma, como sostuvo la autoridad estatal, sino con la pistola de uno de los escoltas.
De acuerdo con el dictamen solicitado por la defensa, los casquillos recolectados tras el crimen corresponden a dos armas distintas. Seis de ellos —localizados en la zona donde el adolescente disparó contra el alcalde— coinciden con la pistola que portaba el agresor. Sin embargo, un séptimo casquillo, hallado en una jardinera cercana al forcejeo posterior, presenta marcas distintas y corresponde al arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz.
La fiscalía había afirmado que los siete disparos provinieron de una sola pistola calibre 9 milímetros, una Pietro Beretta con matrícula borrada. No obstante, el peritaje señala diferencias claras en las huellas de disparo: mientras el arma del homicida deja una marca en forma de “C”, el casquillo identificado como indicio 9 presenta una huella distinta, compatible con la pistola del escolta.
Pese a que la defensa presentó el dictamen como prueba ante el juez, la fiscalía, encabezada por Carlos Torres, mantiene su postura y desestima el análisis independiente. El caso forma parte del proceso que enfrentan los escoltas del alcalde, actualmente detenidos, acusados de presunta omisión en la protección de Carlos Manzo.
La defensa cuestiona dicha acusación y sostiene que los escoltas reaccionaron de inmediato durante una agresión que duró apenas segundos, además de señalar inconsistencias en la versión oficial sobre la detención y el operativo posterior al crimen. De ser encontrados culpables, los escoltas podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión.
