Cuando Federico Fernández Montañez asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a finales de 2024, asumió también uno de los retos estructurales más complejos de toda institución procuradora de justicia, un rezago histórico en la resolución de carpetas de investigación que, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal del INEGI, superaba las 225 mil 229 carpetas sin determinación, acumuladas a lo largo de varios años. Esta cifra colocaba a Coahuila entre las entidades con menor porcentaje de resolución a nivel nacional y evidenciaba una presión creciente sobre el sistema de atención ciudadana, los ministerios públicos y la capacidad institucional para garantizar justicia pronta y expedita.
Desde su nombramiento, y aun antes de ser ratificado por el Congreso local, Fernández Montañez había identificado la magnitud del problema, la Fiscalía no sólo arrastraba expedientes sin movimiento, sino que éstos crecían año con año sin una estrategia centralizada que permitiera clasificarlos, depurarlos, priorizarlos o concluirlos. A finales de 2024, el entonces secretario de Seguridad adelantó que, de no intervenir de inmediato, el rezago se proyectaba a superar, en un plazo no mayor a dos años, las 450 mil carpetas de investigación, una cifra que habría representado un punto crítico para la capacidad operativa del Estado.
A once meses de haber iniciado su administración, la Fiscalía presenta resultados verificables, 118 254 carpetas de investigación revisadas y concluidas, lo que equivale al 52.5 % del rezago histórico. Este avance, logrado en menos de un año, no sólo constituye un número relevante; representa, en términos institucionales, un cambio de paradigma en la manera en que Coahuila enfrenta la procuración de justicia. Para dimensionarlo, en promedio, los equipos especializados concluyeron más de 10700 expedientes por mes, una cifra histórica en la institución.
El éxito del programa se sostiene sobre tres pilares operativos, diseñados desde el inicio de la gestión del titular de la Fiscalía:
a) la creación de tres centros especializados de revisión de expedientes en Saltillo, Torreón y Piedras Negras;
b) la conformación de equipos mixtos integrados por abogados, analistas y agentes del Ministerio Público; y
c) la implementación de un modelo de clasificación acelerada que permite identificar el estado jurídico de cada caso, su viabilidad procesal y el tipo de determinación que corresponde.
Cada uno de estos centros opera con un esquema de revisión continua, bajo parámetros unificados y con criterios homologados para evitar diferencias en la valoración de expedientes entre regiones. La especialización ha sido clave, los equipos no realizan tareas de atención cotidiana, sino que se dedican exclusivamente a revisar y concluir el rezago, separando funciones y evitando la dispersión operativa que históricamente ralentizaba el avance.
Fernández Montañez ha insistido en que esta intervención no es un esfuerzo aislado, sino un componente central en la reconstrucción de la confianza ciudadana en la institución. La saturación de expedientes ha sido, durante años, una de las principales razones por las que víctimas y denunciantes enfrentan largos periodos de incertidumbre. Para cualquier fiscalía del país, el rezago es más que un problema administrativo, es una falla estructural que afecta la percepción pública sobre la efectividad del sistema de justicia.
Además del avance significativo, el programa de abatimiento incorpora procesos paralelos, como la capacitación continua a agentes del Ministerio Público, el fortalecimiento tecnológico para clasificación de expedientes, la reorganización interna de áreas con funciones duplicadas, y un nuevo sistema de seguimiento para evitar que en el futuro vuelva a generarse un rezago similar.
Uno de los elementos más relevantes es la normalización estadística. La propia Fiscalía ha reconocido, en coordinación con el INEGI, que durante años existieron discrepancias en la forma de clasificar carpetas, lo que generaba inconsistencias entre las cifras estatales y las nacionales. La intervención también ha servido para homologar criterios y depurar expedientes que, aunque aparecían en rezago, ya no tenían materia jurídica para continuar su tramitación.
El impacto de este proceso es doble. Primero, se libera carga operativa a los ministerios públicos que llevan casos nuevos, permitiendo que atiendan con mayor rapidez las denuncias actuales. Segundo, se responde a la demanda ciudadana de justicia pronta, cerrando expedientes que durante años permanecieron en espera de una determinación jurídica.
Los 118 mil casos concluidos representan a 118 mil ciudadanos que esperaban una respuesta.
Esa cifra, más allá de su valor estadístico, tiene un significado humano y social, son procesos que vuelven a moverse, personas que reciben claridad, y un sistema que se mantiene activo para responder a quienes acuden a denunciar.
Pese al avance, el reto no está superado. La Fiscalía mantiene en revisión el resto del rezago y ha anunciado que el programa será permanente durante toda la administración. La meta no es solamente concluir expedientes antiguos, sino asegurar que el rezago no vuelva a crecer, implementando mecanismos para que cada nueva denuncia siga una ruta procesal clara, sin quedar rezagada o sin seguimiento.
A nivel nacional, Coahuila no es ajeno a la tendencia, las fiscalías estatales suelen enfrentar cargas históricas de expedientes sin resolución. Sin embargo, la diferencia en este caso radica en la decisión de hacer del rezago una prioridad institucional, con políticas públicas específicas, recursos humanos asignados y una estructura operativa dedicada a resolverlo.
A casi un año del inicio de su gestión, los números muestran un avance significativo, más de la mitad del rezago histórico ha sido atendido, y la Fiscalía se prepara para concluir la totalidad del remanente en los próximos meses. La estrategia es clara, reorganizar, depurar, concluir y evitar que el rezago vuelva a convertirse en una carga para la administración estatal.
En suma, el programa implementado representa un viraje institucional con impacto directo en la ciudadanía. Al concluir más de 118 mil carpetas en menos de un año, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no solo da un paso histórico en materia de procuración de justicia; redefine el estándar operativo para las instituciones del ramo y envía un mensaje claro, el acceso a la justicia debe ser tangible, medible y oportuno. El desafío hacia adelante será sostener este ritmo, consolidar la modernización institucional y garantizar que los esfuerzos realizados no sean una excepción, sino la nueva regla.
