ando Donald Trump no declara la guerra, expresa al menos su hostilidad. Salvo por el Reino Unido, prácticamente ningún país mencionado en sus discursos se ha librado de sus amenazas, insultos, acusaciones infundadas o intentos de presión. Los aliados históricos de Washington —como Canadá, los países de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur— han sido objeto de agresiones arancelarias, mientras que democracias menos imperfectas que la estadounidense, como México, Brasil o Colombia, padecen su injerencismo y su tono insolente. Las justificaciones suelen variar: desde el narcotráfico hasta decisiones judiciales que disgustan al presidente estadounidense, como la condena de su amigo, el golpista Jair Bolsonaro.
Respecto a Rusia y China, Trump oscila entre la descalificación y el elogio, y aunque hasta ahora solo ha concretado agresiones militares en Irán, mantiene en la mira a Venezuela y Nigeria como posibles blancos de intervenciones. El único elemento que une a estas naciones es su riqueza petrolera, por lo que la Casa Blanca ha debido fabricar pretextos diversos: en el caso de Irán, impedir un supuesto desarrollo nuclear; en el de Venezuela, sostener la versión inverosímil de un gobierno dominado por un “cártel de los soles” inexistente; y en Nigeria, presentar su grave situación de violencia como un “genocidio de cristianos”.
En este contexto, los gobiernos del mundo enfrentan la difícil tarea de descifrar un discurso deliberadamente confuso y contradictorio para determinar qué amenazas son reales y cuáles responden a la fanfarronería de un imperio en decadencia y de su líder de turno. Cada país debe distinguir qué agresiones buscan presionar para obtener concesiones y cuáles obedecen a impulsos de saqueo, necesidades de reestructuración interna o simples maniobras políticas derivadas del desgaste de Trump y de la caída de su popularidad.
A pesar de su posición al frente de una superpotencia y de contar con la maquinaria militar más poderosa del planeta, la realidad impone límites: Estados Unidos carece de capacidad para lanzar ofensivas simultáneas contra Nigeria, imponer un gobierno subordinado en Venezuela y enviar fuerzas especiales a México para capturar narcotraficantes, cuando las propias autoridades mexicanas los han detenido con mayor eficacia y los han extraditado por decenas.
El sentido común bastaría para contener a un gobernante racional, pero no siempre alcanza cuando se trata de alguien que prescinde de él. Si el gobierno estadounidense destinara una mínima parte del presupuesto empleado en hostigar al régimen de Nicolás Maduro a fortalecer su sistema de salud mental, su inteligencia policial o el combate a la corrupción interna, podría lograr verdaderos avances contra las adicciones y las mafias de los estupefacientes.
Entre todos los amagos bélicos de Trump, el más inquietante es el dirigido contra Venezuela. Las cuantiosas inversiones destinadas a modernizar aeropuertos y bases militares estadounidenses en torno a la nación caribeña, así como las operaciones de intimidación con aviones, submarinos y buques de guerra, hacen temer una intervención de gran escala. Detrás de ese despliegue podría ocultarse un plan no para capturar a Maduro, sino para apoderarse de las vastas reservas de hidrocarburos venezolanas y establecer una administración colonial disfrazada de soberana.
Una acción de ese tipo provocaría una triple desestabilización: en Venezuela, en la región y dentro del propio Estados Unidos. Aunque Trump ha desplazado a funcionarios sensatos para rodearse de incondicionales que respaldan sus excesos, aún existen intereses corporativos de peso —más allá del sector petrolero— que podrían verse afectados. Tal vez sean esos mismos intereses los que, en última instancia, impidan que una guerra se concrete.
