México enfrenta nuevas acusaciones por parte de empresarios estadounidenses, quienes señalan que el gobierno ha otorgado ventajas indebidas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), violando los compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con las denuncias, diversas políticas implementadas en los últimos años habrían generado un trato desigual hacia las empresas extranjeras, particularmente en el sector energético. Entre las medidas más cuestionadas se encuentran la prioridad otorgada a la CFE en el despacho de electricidad y las normas que obligan a los usuarios de gas natural a adquirir el suministro de Pemex o CFE, desplazando así a los competidores privados.
Las organizaciones empresariales argumentan que estas disposiciones vulneran el principio de trato nacional, que exige igualdad de condiciones entre empresas locales y extranjeras. También acusan a México de aplicar barreras no arancelarias, inspecciones excesivas y controles de precios que afectan directamente la competencia.
Este conflicto revive la tensión entre la política energética del gobierno mexicano —que busca fortalecer a las compañías estatales como parte de una estrategia de soberanía nacional— y las reglas de libre mercado que promueve el T-MEC. Expertos advierten que, si las quejas avanzan, podrían derivar en consultas formales o sanciones comerciales, lo que representaría un nuevo desafío para las relaciones económicas entre México y sus socios del norte.
