El gobierno quiere nuestros datos biométricos. Rostros, huellas, iris, voz, datos personales, datos bancarios, telefónicos, fiscales, catastrales, de transporte, salud, propiedad, comercio y telecomunicaciones. Todo. Sin excepciones. Con el argumento de mayor seguridad, de orden administrativo, de control ciudadano. Lo han defendido como una medida de avance, como si ceder lo más íntimo de nuestra identidad fuera una formalidad más, como si no estuviéramos abriendo la puerta a un terreno profundamente delicado. Pero aquí hay una verdad irrefutable, el estado mexicano no tiene la capacidad técnica, legal ni ética para proteger esa información. No la ha tenido, y no hay razón para creer que la tendrá.
Los antecedentes no mienten. Dependencias de gobierno han sido hackeadas una y otra vez. Se han filtrado bases de datos con información sensible de funcionarios, ciudadanos, empresas, periodistas. Y en ciertas ocasiones, hasta el propio gobierno ha expuesto información privada. Ha habido brechas de seguridad que se han minimizado en público y ocultado en privado. ¿Y ahora quieren que creamos que pueden resguardar millones de registros biométricos como si estuviéramos en Suiza? No. El escepticismo no sólo es legítimo, es necesario. Es una obligación cívica dudar de un aparato que, probado está, no puede mantener a salvo ni su propia estructura digital.
El problema no es solo técnico. Es también político y moral. Porque cuando un gobierno busca el control total de la identidad ciudadana, pero no tiene mecanismos sólidos de transparencia ni rendición de cuentas, lo que está buscando no es orden ni seguridad, es poder. Un poder absoluto, asimétrico, que convierte al ciudadano en un objeto bajo constante vigilancia. Y eso, en cualquier sociedad, es una alarma encendida.
Seamos claros. La biometría no es cualquier dato. No es una CURP o un número de teléfono. Es parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser. No cambia con un trámite ni se puede cancelar con una firma. Una vez filtrada o robada, no hay forma de reemplazarla. ¿Qué se hace si alguien clona una huella? ¿Cómo se protege un iris duplicado? ¿Qué pasa si nuestros rasgos faciales terminan en bases de datos del crimen organizado, en manos de empresas opacas, o en redes de manipulación política? No hay marcha atrás.
Algunos argumentan que ya entregamos nuestros datos a empresas privadas. Que usamos la cara para desbloquear el teléfono o pagar con la huella. Sí, pero esa es una decisión personal, voluntaria, revocable. Si mañana dejo de confiar en una app, la elimino. Si dejo de confiar en un banco, cierro la cuenta. Pero con el gobierno no hay opción. No hay contrato que se pueda romper. La entrega es total, y la confianza, que debería ser el mínimo común, simplemente no existe.
Y es que hay algo aún más grave. En este país, los datos han sido usados como arma política. Para perseguir, para filtrar, para chantajear. Se ha vulnerado la privacidad de periodistas, activistas, y opositores. ¿Cómo podemos confiar que una base de datos biométrica no será usada para esos mismos fines? ¿Cómo aseguramos que no habrá una lista negra disfrazada de seguridad?
Este no es un debate sobre tecnología, es sobre derechos. Sobre límites. Sobre el poder del Estado frente al individuo. La lógica es sencilla, si no puedes proteger algo, no tienes derecho a pedirlo. Si no puedes resguardar mi rostro, mi voz, mi identidad, no te la voy a entregar. Es así de simple.
El gobierno quiere nuestros datos biométricos. Pero antes de exigir, debería demostrar que sabe cuidar. Que tiene la capacidad técnica, el marco legal, y el compromiso ético. Y, sobre todo, la confianza ciudadana que hoy, honestamente, no tiene. Hasta entonces, la respuesta es clara, no. No les entregaremos lo más íntimo de nuestra identidad a cambio de promesas vacías y riesgos enormes.
