En México, la democracia no muere con un golpe seco, sino con la discreción de una reforma votada al amparo de la urgencia. La recién aprobada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada en lo general por Morena, PVEM, PT y MC, con 369 votos a favor y 104 en contra (PRI y PAN), constituye no solo una modificación estructural del aparato regulador de los medios de comunicación, sino una alerta encendida para el ejercicio de la libertad de expresión.
Desde su origen, esta reforma ha sido vista por múltiples voces, incluidos legisladores de oposición, especialistas y defensores de derechos humanos, como una peligrosa regresión autoritaria. Una que, bajo el argumento de la transformación digital, pretende instaurar una nueva era de vigilancia, control narrativo y concentración de poder en el Ejecutivo. Y aunque el dictamen final fue suavizado respecto a su versión original, los cambios no fueron suficientes para disipar los temores de lo que ya se conoce como la “ley mordaza”.
La metáfora es clara, una mordaza impide hablar, expresar, denunciar. Pero en el contexto actual, esa mordaza no necesariamente es física ni explícita. Puede tomar la forma de regulaciones ambiguas, de criterios imprecisos sobre lo que se puede o no decir en medios y plataformas, o del temor constante a sanciones por transgredir un lenguaje “correcto” que nadie define con claridad.
La nueva legislación permite ,aunque más sutilmente, que el gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), sustituya al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta ahora un órgano constitucional autónomo que garantizaba independencia en el manejo del espectro, las concesiones y los derechos de las audiencias.
El IFT no era perfecto, pero era un contrapeso. Su eliminación implica que la nueva autoridad reguladora, aunque revestida de un esquema colegiado, responde a una lógica vertical, la designación de los cinco comisionados queda en manos de la Presidenta, con ratificación del Senado, sí, pero sin participación ciudadana ni consulta plural.
Es cierto, algunos artículos polémicos fueron eliminados tras el ruido mediático y la presión social. El artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales, ya no figura en el texto final. También desaparecieron las facultades de Gobernación para censurar contenidos extranjeros y se establecieron salvaguardas como el apercibimiento previo antes de suspender transmisiones.
Sin embargo, la lógica sigue siendo preocupante. La ATDT tendrá el control de concesiones, licitaciones, sanciones, revisión de contenidos y derechos de usuarios, lo cual convierte a esta agencia en un actor todopoderoso dentro del ecosistema mediático. Y si bien se incorporaron avances en materia de inclusión ,como medidas para personas con discapacidad, o derechos de las audiencias perdidos en 2017, estos logros no compensan el riesgo estructural que supone concentrar la vigilancia comunicacional en una sola instancia.
La iniciativa no usa la palabra censura, pero la insinúa. No prohíbe expresamente ningún contenido, pero habilita mecanismos para “vigilar” y “moderar” lo que se transmite. Y lo más inquietante, lo hace en nombre del interés público, un concepto elástico que puede servir para acallar la crítica y proteger al poder.
El uso del lenguaje como herramienta de control no es nuevo. Pero en esta ley se institucionaliza la supervisión de la expresión, se relativiza el derecho a disentir y se crea un terreno para la autocensura. Cuando no queda claro qué puede sancionarse, es más fácil guardar silencio.
Para un medio de comunicación, como esta revista, el panorama es complejo. El periodismo crítico, independiente y con vocación de incomodar al poder, se encuentra ahora en la antesala de un modelo de supervisión del estado. Las posibles consecuencias no son hipotéticas:
- Sanciones económicas por contenidos considerados contrarios al “interés nacional”.
- Bloqueo o cancelación de concesiones si se incurre en “faltas repetidas”.
- Condicionamiento de licitaciones y autorizaciones a criterios poco transparentes.
- Clima de intimidación narrativa, donde las historias incómodas podrían traer represalias, directas o indirectas.
En pocas palabras, la libertad de expresión se convierte en un privilegio que puede ser revocado, no en un derecho inviolable. El espacio para la crítica se reduce no con leyes mordaces escritas con tinta roja, sino con reformas grises, llenas de tecnicismos, aprobadas en sesiones exprés y disfrazadas de modernización digital.
Lo más grave no es sólo lo que contiene la ley, sino cómo fue construida, sin consulta pública, sin participación de expertos del sector, sin diálogo con organizaciones civiles ni con actores de la industria. Se presentó como de “urgente resolución” y se aprobó con rapidez sospechosa. Es, en el fondo, una imposición.
Y si algo nos ha enseñado la historia reciente en América Latina, es que las democracias se erosionan no con golpes militares, sino con reformas legales que concentran el poder. Leyes que, como esta, desdibujan los contrapesos, diluyen la pluralidad y ponen en jaque el derecho a informar y ser informado.
No basta con señalar que la ley fue aprobada. Lo urgente es vigilar su implementación, exigir rendición de cuentas, abrir foros de análisis y mantener la presión pública. Porque si bien el texto definitivo suprimió algunas de las amenazas más flagrantes, la intención política detrás de la reforma sigue intacta, controlar el discurso público y limitar la disidencia.
No es paranoia, es historia. El uso del Estado como árbitro del pensamiento ha sido una constante en regímenes autoritarios. Y aunque hoy se disfrace de agencia digital y derechos de audiencias, su naturaleza es la misma, imponer una narrativa única, sancionar la diferencia, administrar el silencio.
Desde este espacio editorial, reafirmamos un principio irrenunciable, la libertad de expresión no se negocia. No aceptaremos condiciones, ni mordazas disfrazadas de regulaciones técnicas. Seguiremos haciendo periodismo, preguntas incómodas, y diciendo lo que otros prefieren callar. Porque ese es nuestro deber y nuestro derecho.
La “ley mordaza” ya fue aprobada. El silencio es ahora una decisión, no una imposición. Resistir es seguir hablando.
