Por Joselo de Velasco
Para los mexicanos no sorprende ver soldados dentro de nuestras actividades rutinarias, la Sedena y Marina habitualmente circulan y forman parte de las actividades (queremos pensar) de seguridad. Desde enero del 2008 el entonces presidente Felipe Calderón ordenó la permanencia de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad hasta el fin de su mandato, y como somos testigos, jamás volvieron a los cuarteles.
Son ya 3 sexenios que aun cambiando los partidos en el poder el ejército en las calles se mantiene. Iniciativas de reforma para extender la permanencia se han presentado en el Congreso por PAN, PRI y Morena en diferentes momentos, cada partido avalando las estrategias de seguridad de sus gobiernos y a la par de piden que el apoyo de las fuerzas armadas se mantenga.
Sin duda parece irrefutable el argumento “ningún municipio y estado podría combatir el crimen sólo con su estado de fuerza local”, de esto se han valido ya 3 veces en el congreso para extender la duración, ahora hasta el 2028, serán entonces 20 años en esta dinámica de seguridad. Pero la razón por la que no pueden fortalecerse las policías estatales y municipales es por falta de recursos suficientes y bien utilizados. Cuando Calderón pidió que el ejército ayudara en labores de seguridad se acompañó con un SUBSEMUN, que eran precisamente recursos para compra de armas y equipo, patrullas, contratar más elementos y subir sueldos para evitar que los policías aceptaran entrar a las nóminas del narco. Este fondo se reestructuró en 2016 puesto que el objetivo final, de tener policías locales capaces de hacer frente al crimen no se había logrado. Se cambió de nombre a FORTASEG y dio mayor libertad de ejercicio de los recursos para que cada entidad creara estrategias acordes a sus necesidades y circunstancias.
Un análisis rápido y poco profundo nos diría que el crimen supera cualquier presupuesto que el país pueda asignar al orden público, que en sí todo el sistema judicial está rebasado y la corrupción ha permeado en todas las estructuras, ¿Pero es realmente esa la razón? Hay que cuestionarnos la comodidad desde la que el ejército acepta cada sexenio ser el dueño de las calles y qué beneficio obtienen con esto. Las fuerzas armadas en lugar de protestar por realizar tareas ajenas a sus competencias (según diputados) han pasado a cabildear en favor de la permanencia en las calles.
Si bien un marco legal (que desde tiempos de Calderón se ha construido) impide que se le llame estrictamente “militarización” puesto que reduce algunas de las áreas de convivencia entre el ciudadano y el soldado, no podemos negar que toda acción en esta dirección nos acerca más a una militarización que a una ciudadanización de la seguridad. Que la Guardia Nacional forme parte del ejército debe impedirlo la Suprema Corte por imponerse al 21º constitucional.
