Por Fernando Urbano
“¡Reforma judicial, fracaso nacional!”, fue durante meses el grito de guerra de los integrantes del Poder Judicial en el país y de ciudadanos que se oponían al avance de la reforma obradorista que pretendía consumir los contrapesos y apoderarse de la impartición de la justicia. Ese grito, fue el vaticinio exacto de lo que viene.
Sin futurear en lo que aún no pasa, debemos concentrarnos en lo que está pasando. De entrada, el registro de aspirantes a ocupar cargos en el poder judicial de acuerdo a la nueva reforma en México ha sido considerado un fracaso. Aunque sus impulsores presumen que la respalda el voto favorable del “pueblo”, no logró que una multitud de aspirantes se abalanzara para registrarse.
El registro ha recibido críticas por la falta de participación ciudadana, lo que terminará afectando la anhelada legitimidad morenista del proceso. Y no es para menos la falta de interés, a todas luces la falta de transparencia sobrepasa cualquier intento de legitimidad, lo que ha generado desconfianza en el sistema de selección.
Otro de los grandes problemas que está enfrentando la implementación de la reforma son los requisitos, aunque burdos, son extremadamente restrictivos para ser candidato, lo que terminará limitando la diversidad de opciones para los ciudadanos que decidan participar en el proceso de elección.
Y sin ser menos importante, cada día es más trascendente lo que parece ser la consecuencia potencial más alta del nuevo circo de la 4T, y es la falta de independencia judicial. Palabras más, palabras menos, el proceso de registro está comprometiendo la independencia del poder judicial, ya que cada día es más obvio que los jueces pueden ser elegidos por motivos políticos en lugar de su capacidad profesional. Por más ingenuo que sea un aspirante a juez, ministro o magistrado, sabe que los candidatos serán impuestos por el gobierno.
Adelantándose al presente, todo parece indicar que la desigualdad en el acceso a la justicia va a incrementarse gravemente, por que se prevé que un número importante de los nuevos jueces, impulsados por Morena, carezcan de capacidades para ejercer el cargo. Los títulos, experiencia y honorabilidad serán ignorados para designar solamente a quienes estén dispuestos a someterse a la 4T. No olvidemos que el proceso de elección que viene no es más que una contienda inventada para vengarse de ministros y jueces incómodos, y que los que vienen deberán ser de algún modo cómodos para el oficialismo.
La falta de interés en ser aspirantes para ocupar un cargo en el Poder Judicial es la primera derrota electoral de Morena, así de simple, con desprecio y falta de disposición de los profesionales del derecho para simular que la reforma judicial carece de apoyo social y sobre todo de credibilidad.
Tal vez pronto nos estaremos ahogados en una crisis judicial, como la que vive actualmente Bolivia, de donde su alteza serenísima, López Obrador, decidió importar su reforma. Allá tampoco el “pueblo” le pidió a Evo elegir a los juzgadores, pero el mensaje verborreico era el mismo, “El Poder Judicial es corrupto y el pueblo tiene derecho a elegir jueces que lo representen”.
El inicio es desastroso, el proceso es mucho peor, pues al final de cuentas es una elección inviable por costosa, compleja e inútil. Tan es así, que el INE ya pidió al Congreso aplazar 90 días la votación para tratar de que el circo no se les salga de las manos. Mientras tanto el gobierno, Morena y sus secuaces tendrán que hacer maromas olímpicas para evitar que la reforma muera antes de que termine de nacer.
