En medio de fuertes debates y una creciente polémica, el Senado de México aprobó este miércoles la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército. Con 86 votos a favor, principalmente de legisladores del partido oficialista Morena, y 42 en contra de la oposición, la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza en la militarización de este cuerpo de seguridad, creado en 2019 para combatir la violencia en el país.
La sesión fue maratónica, comenzando en la noche y concluyendo en la mañana del miércoles. La reforma, que ahora deberá ser ratificada por al menos 17 de los 32 congresos estatales, ha generado un intenso debate en torno a la creciente influencia militar en la seguridad pública y los riesgos que esto podría representar para los derechos civiles en México.
Modificaciones constitucionales
La propuesta modifica los artículos 21 y 129 de la Constitución. El artículo 21 originalmente establecía que las instituciones de seguridad pública debían ser de carácter civil, lo que se conocía como la “garantía orgánica”. Con esta reforma, se elimina dicha garantía, permitiendo que el Ejército tome el control de la Guardia Nacional de manera directa. Asimismo, el artículo 129, que limitaba las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, también se modifica, otorgando a las fuerzas militares un papel protagónico en la seguridad del país.
Argumentos del oficialismo
Desde el gobierno y los legisladores de Morena se sostiene que la medida busca fortalecer la disciplina y evitar la corrupción en la Guardia Nacional, que ahora estará bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El senador Omar García Harfuch, de Morena, justificó la reforma diciendo que “desarrollar la Guardia Nacional dentro de la Sedena implica que, sin importar qué partido esté en el gobierno, son instituciones que se consolidarán y seguirán trabajando a largo plazo para fortalecer la seguridad del país.”
El presidente López Obrador ha defendido la reforma al señalar que el Ejército cuenta con la infraestructura, los recursos y la disciplina necesarios para garantizar que la Guardia Nacional funcione de manera eficiente y con altos estándares. Desde su creación, López Obrador prometió que la Guardia Nacional sería una institución de carácter civil, pero la creciente inseguridad en el país ha llevado a que el gobierno argumente que la intervención militar es indispensable para enfrentar a la delincuencia organizada.
Críticas de la oposición
Por su parte, la oposición ha mostrado una fuerte resistencia a la reforma, argumentando que implica una “militarización ilimitada” de la seguridad pública. Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) han sido los principales críticos, advirtiendo que el control militar de la Guardia Nacional podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y afectar gravemente la vida civil.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, declaró que “la Guardia Nacional no será otra cosa más que una extensión del poder militar”, advirtiendo sobre los riesgos de dar a los militares tanto poder en un país donde la inseguridad no ha cedido a pesar de los esfuerzos. “Nos están vendiendo una militarización disfrazada de civilidad”, sentenció Colosio Riojas, quien aseguró que la seguridad no se consigue con soldados en las calles, sino con oportunidades, justicia y reformas estructurales en las instituciones civiles.
El contexto de la violencia en México
La violencia en México sigue siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país. Durante el sexenio de López Obrador, se estima que el número de homicidios podría superar los 200,000, cifra que rebasaría los 160,000 registrados durante el mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto. La falta de resultados visibles en la reducción de la violencia ha sido uno de los principales puntos de crítica hacia la administración de López Obrador, quien desde su campaña prometió pacificar el país.
Ricardo Anaya, del PAN, señaló durante la discusión que la reforma es una admisión de fracaso en la estrategia de seguridad de López Obrador, al intentar que el Ejército se haga cargo de un problema que, según Anaya, debería ser resuelto por instituciones civiles capacitadas. “Lo que están haciendo es confesar su incapacidad para brindar seguridad a los ciudadanos. El Ejército no debe cargar con la incompetencia del gobierno”, dijo.
La aprobación y sus consecuencias
Con la aprobación de esta reforma en el Senado, queda claro que el proyecto de militarizar la Guardia Nacional está más cerca de hacerse realidad, aunque aún depende de que la mayoría de los congresos estatales la ratifiquen. Esta medida ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, donde organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los peligros de involucrar excesivamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Si bien el gobierno defiende la reforma como una respuesta necesaria ante el aumento de la criminalidad y la ineficacia de las corporaciones civiles, la militarización de la seguridad pública plantea un profundo debate sobre el futuro de las instituciones civiles en México y el impacto que podría tener en la democracia y los derechos humanos del país.
