Rumbo al cierre del sexenio y antes de rendir su último informe, el presidente ha dado su último gran golpe para robustecer al poder ejecutivo de poder absoluto. Su innegable instinto destructor se lanzó en contra de los órganos autónomos que padecían el eco y el despreció que escondía aquella histórica frase “al diablo con las instituciones”.
López Obrador, logró el pasado 23 de agosto el primer avance de este desproporcionado propósito al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la reforma para desaparecer a diversos órganos autónomos. Y desde su anunciado “auto exilio”, guiará esta reforma para que sea enviada al pleno para su revisión y votación, por la nueva Legislatura que inicia el 1 de septiembre, en la que contará con el 73% de los legisladores en la Cámara de Diputados, para hacer esta y cualquier otra de las reformas a la Constitución del llamado Plan C.
Esta reforma busca consolidar la extinción de siete órganos autónomos, estos son la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Cada uno de ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas y son independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y su independencia les permite operar sin influencias políticas directas, y así garantizar imparcialidad y objetividad, en beneficio de la ciudadanía.
En el desempeño de sus competencias pueden adoptar decisiones que vayan en contra de las preferencias de los órganos del Estado e incluso de la opinión pública. Además, son vigilados por contralores internos y por el poder legislativo, y tiene la obligación de rendir cuentas y ser controlados por la Auditoría General de la Federación.
La reforma pretende que sus funciones sean absorbidas por dependencias del gobierno Federal e incluso por el INEGI, pero la desaparición de estos órganos solamente contribuye a concentrar demasiado poder en el poder Ejecutivo.
La llamada “acumulación de poder” genera sistemas de gobierno donde no existen contrapesos para limitar y regular las acciones y decisiones de los poderes electos que dirigen la administración pública. La ausencia de estos organismos representa un retroceso en transparencia gubernamental, protección a los derechos humanos y ponen en riesgo el equilibrio del estado.
Cada de uno de estos organismos especializados, tutelan derechos e intereses generales de los mexicanos, y en el caso particular del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la reforma alcanza también a los órganos garantes estatales, por lo que se produciría la desaparición de los organismos locales, como es el caso del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que tiene las mismas funciones a nivel local que el órgano federal. Esto como consecuencia de la reforma a la fracción sexta del artículo 116 de la Constitución, que desaparece a los organismos autónomos dedicados a la transparencia y la protección de datos en las 32 entidades.
La eliminación de estos organismos encargados de la transparencia en México ha causado preocupación, ya que su eliminación trastoca directamente los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, como el derecho a la información; y si esta función recae en los propios organismos públicos, lo que podría generar es un conflicto de interés y otras situaciones que complicarían el acceso a la información.
Además, es necesario mencionar que el ICAI, funciona con un porcentaje mínimo del presupuesto por lo que su operación no implica una carga presupuestal, por lo que los argumentos para impulsar esta propuesta federal no son reales.
El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, encargado de la medición de la pobreza, ha sido desacreditado desde el inicio del sexenio, por ser incómodo para la narrativa del presidente que desacredita con datos y estadística exacta los llamados “otros datos”.
Las tareas de este organismo pretenden ser asignadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero sus objetivos van más allá de la estadística, pues no sólo se encarga de la medición de la pobreza, sino también de la evaluación de la política social y de los programas sociales de la administración pública federal; y tiene también la responsabilidad de revisar indicadores de los programas y realizar monitoreo de sus resultados.
La eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica abre la posibilidad a que opiniones, elementos o consideraciones ajenas al bienestar del mercado y la competencia influyan en sus decisiones.
Entre los principales riesgos están el fortalecimiento de monopolios estatales en sectores estratégicos, como el energético y eléctrico, poniendo en riesgo a otros sectores productivos del país, generando el uso de la política de competencia como medio de control.
En el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la reforma plantea trasladar sus funciones a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que las tareas que ejerce perderían su esencia de independencia técnica y de gestión; pues su principal objetivo es ser un órgano defensor de la competencia e impulsor de la coordinación institucional.
La extinción de las Comisión Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos provocarán una mayor dificultad para que el gobierno federal lleve a cabo las tareas regulatorias, que por su alto grado de especialización y por el elevado número de participantes requieren la asignación de recursos presupuestales a los entes reguladores que les permitan cumplir adecuadamente con sus atribuciones.
Además, al no existir estas comisiones, la seguridad jurídica de los particulares que participan en los mercados energéticos y en contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se vería afectada por la politización de las funciones regulatorias en materia energética, debido a la eliminación de las normas constitucionales que buscaban dar garantías de autonomía técnica y presupuestal a la función reguladora de la energía.
La pretensiosa “simplificación administrativa” en el caso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pretende trasladar sus funciones a la SEP. Esta comisión ha sufrido también en este sexenio la asignación de poco presupuesto, y su desaparición pone en riesgo la existencia de las evaluaciones educativas diagnósticas, que son necesarias para la creación de políticas públicas en esta materia y su desaparición pone en riesgo la eliminación a los contrapesos institucionales, desde la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes.
La extinción de estos organismos no se sustenta en una una justificación real de porqué eliminarlos, solo es un capricho del gobierno en turno que ha pretendido sobre crecer las facultades y alcances del ejecutivo.
El presidente no está considerando los elementos administrativos, laborales y técnicos que generan un menoscabo importante en la operatividad de los fines que estos órganos representan. Su simple existencia histórica se puede traducir en una forma muy específica y concreta de limitar el poder ejecutivo, pero esta existencia es la razón principal por qué le molestan tanto a López Obrador.
Por tanto, la desaparición de estos organismos constitucionales autónomos que empezaron a surgir justo en medio del proceso de transición a la democracia en México, algunos preexistentes pero que no gozaban de la autonomía constitucional, marcarán un claro retroceso en el ejercicio de la administración pública y debilitarán fuertemente las bases de la democracia y el estado mexicano.
