Por primera vez en la historia del Partido Revolucionario Institucional se reeligió a un dirigente nacional, a través de un proceso que se desarrolló a puerta cerrada, y aunque los votos fueron colocados en una urna transparente, este proceso se mantiene por mucho alejado de las prácticas y principios democráticos que alguna vez defendió ese instituto político.
El artículo 73 de los estatutos del Revolucionario Institucional señalaba la prohibición expresa de la reelección de la dirigencia nacional, construido en uno de los principios democráticos más importantes de la política nacional, la no reelección. Esto no fue un impedimento, pues el primer gran paso de Alejandro Moreno fue levantar esa prohibición.
Y así fue, en su reciente Asamblea Nacional, la 24, los priistas afines al dirigente tricolor modificaron los estatutos de este partido; una de las modificaciones más importantes fue la realizada al primer párrafo del artículo 172, en el cual se establece que la dirigencia nacional y las estatales pueden ser electas hasta por tres periodos consecutivos, cada uno conformado por cuatros años. Está reforma incluye un artículo transitorio que le permitió a la actual dirigencia nacional buscar la reelección inmediata.
Estas reformas también alcanzan a los comités municipales que durarán tres años y podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos.
Aunque este proceso de elección concluyó, priistas y no priistas, han señalado la obvia simulación del proceso que se realizó de forma exprés, y han acusado que la reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal, que se generó de una reforma, también ilegal y contraria a los estatutos de este partido.
El primer paso para la reelección, se dio el 3 de junio, el día siguiente de la elección federal, en el que la dirigencia informó que la militancia le planteó la necesidad de una asamblea previa a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. De ahí todo el proceso fluyó de una forma extrañamente acelerada. El 6 de junio se emitió la convocatoria a la 24 Asamblea Nacional Ordinaria, para celebrarse el domingo 7 de julio. En dicho encuentro, se reformaron los documentos básicos del PRI, incluidos los Estatutos.
El 11 de julio fue emitida la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional. El 22 de julio se realizó el registro de las dos únicas fórmulas. Del 24 de julio al 10 de agosto se estableció como el periodo para realizar campañas; y el 11 de agosto, fue señalado como el día para realizar la elección, el cómputo y la emisión de resultados.
El primer inconveniente del proceso de elección se dio con la emisión de la convocatoria a la asamblea nacional, pues se hizo fuera de los tiempos señalados para ello, ya que solo podía ser convocada y realizada al término del proceso electoral federal; es decir cuando ya se hubieren resuelto las impugnaciones al proceso electoral, como lo señala la ley y los propios Estatutos del PRI; las reformas estatutarias antes citadas se realizaron durante el proceso electoral, mismo que se encontraba en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y locales, por lo que los acuerdos tomados en la asamblea, incluidas las reformas a los estatutos que permiten la reelección, la convocatoria para la renovación de la dirigencia y la elección deben quedar sin efecto. Además, la ley menciona que los cambios hechos a los estatutos deben ser autorizados por el INE, lo que no ha pasado.
Otro punto que relata la ilegalidad, es la incompetencia del Comité Ejecutivo del Revolucionario Institucional, para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional, porque conforme al artículo 83, fracción X del Estatuto, se señala que corresponde al Consejo Político Nacional, mediante la emisión de un reglamento, definir gran parte del número de integrantes a la Asamblea Nacional y la forma cómo se elegirán, por lo que el procedimiento para su integración se realizó de forma totalmente indebida.
Esta reelección se da en un momento en el que los resultados de la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI y que asumió en agosto de 2019 son históricamente desastrosos. En ese momento el PRI gobernaba 12 estados y era la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión. En los últimos cinco años perdió bajo la actual dirigencia 11 gubernaturas, y se convirtieron en la cuarta fuerza política. De las elecciones de 2018 a las de 2024 el partido ha perdido millones de votos en todo el territorio.
Moreno Cárdenas ha sido también señalado como cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso durante el proceso de selección en la dirigencia en 2019, se dijo que tenía el visto bueno del mandatario. Ejemplo de ello son los numerosos señalamientos e intentos de procesos en su contra de algunos morenistas que al final no se logran concretar.
En 2022, Alejandro Moreno fue víctima de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien emprendió en su contra una guerra de filtración de audios. En el primer audio filtrado en mayo de ese año, la gobernadora mostró las conversaciones de Alito Moreno ordenando pagos millonarios al publicista español Antonio Solá.
En otro audio que Layda difundió el 17 de mayo de 2022 en contra del dirigente nacional del PRI se escucha la voz de Moreno Cárdenas diciendo que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a su partido para financiar campañas electorales. Todo quedó en filtraciones de audios, y Moreno Cárdenas no fue denunciado o señalado por ningún delito.
Ante los recientes hechos suscitados ante la reelección de la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, los exdirigentes nacionales Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, iniciaron una campaña para frenar a Alejandro Moreno, señalando que la reelección de Alito es una farsa con la que secuestró al partido, para alejarlo de desarrollo político e institucional.
Por lo que acudieron con la representante del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, para buscar una sanción a las modificaciones estatutarias y al proceso de elección que han señalado de atentar contra la legalidad y los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género a la que está obligado el PRI.
Lo que sucede al interior del PRI con la reelección de su dirigencia nacional, no es cosa menor, pues es semejante a que un presidente de la República, aprovechando su mayoría calificada en el congreso, promoviera una reforma constitucional que permitiera su reelección. Muchos han disfrutado de esa mayoría calificada, pero ninguno se ha atrevido a utilizarla en beneficio de su permanencia al frente del país.
Lo que los priistas deberían preguntarse o preguntarle a su electo dirigente nacional, es, si ante una eventual mayoría calificada en el congreso federal permanecerán tan tranquilos como hoy lo están si se promoviera la reelección de la Primera Magistratura.
Es deprimente ver a lo que un día fue “el invencible PRI” hundido en una discusión amarga acerca de la legalidad o no de esa elección de dirigencia nacional. Alejandro Moreno, el reelecto presidente, debe recordar que lo legal no siempre es legítimo. Y tampoco debería olvidar la sangre derramada por sus antecesores revolucionarios para defender el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”, aunque quizá eso sea mucho pedir a quien privilegia sus intereses personales y de un pequeñísimo grupo de aliados por sobre los intereses superiores de sus correligionarios.
