En medio del debate, tanto en las cámaras como en los medios y redes sociales, sobre otorgar o no el mando militar a la Guardia Nacional resalta, por otro lado, la decisión de solicitar el “apoyo logístico” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para involucrarse en la inspección e inventario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Su director, Pedro Zenteno Santaella, menciona que, año con año, se destinan 20 mil millones de pesos solo para el pago subrogado de servicios. Esto solo representa la cuarta parte del presupuesto anual. La intención a simple vista parece buena ante el declive que han tenido las instituciones de salud por décadas, en donde sexenalmente solo parchaban el problema inyectándole más recursos como placebo.
La pugna del director, Zenteno Santaella, es por recuperar la capacidad operativa y de prestación de servicios médicos y para ahorrar de 25 a 30 por ciento como meta mínima para el siguiente año. Ese es el objetivo, pero el avance será a cuentagotas ya que el “desmantelamiento y privatización silenciosa” que menciona se llevó a cabo durante décadas pasó por la eliminación de códigos de puestos de trabajo que hoy no se pueden contratar.
La cuestión es ¿por qué hasta ahora? y ¿por qué con la policía? Es como si por falta de autoridad se recurriera a los chicos malos para tratar de poner orden estructural y financiero en ese sector olvidado haciendo “el trabajo sucio” o el que ellos no desean hacer. Tener como respaldo y apoyo a una institución policial pudiera prestarse a malas interpretaciones mediáticas, quizá no conozcamos las dimensiones por las cuales esta decisión se continúe llevando a cabo. Está bien eso de no querer intermediarios, pero sería imposible que el ISSSTE tuviera la autosuficiencia desde la óptica administrativa. Antes del número 2 le sigue el 1, lo digo porque la evaluación y diagnóstico debería ser un tema interno para después recurrir a otras instituciones ajenas y así fortalecer las acciones.
La policía en el ISSSTE pudiera ser un proyecto fallido ya que alertaría a funcionarios, proveedores o prestadores de servicios y así allanar el camino antes de recorrerlo. La intención puede ser buena, el asunto es que las formas y el timing no sea el indicado, total, van cuatro años en donde no se había visto la intención de poner en orden las instituciones de salud. ¿Por qué se pondría de moda que los servidores públicos armados se involucraran en los asuntos que bien lo pudieran resolver elementos civiles?
En estos tiempos quizá, la imaginación exagera, la razón subestima y el sentido común nos modera.
