Cultura 132
Luis Echeverría Álvarez, originario de Ciudad de México, fue un destacado abogado, diplomático y político que dejó una profunda huella en la historia de México. Nacido el 17 de enero de 1922 y fallecido el 8 de julio de 2022, su carrera política fue vasta y compleja, abarcando desde su inicio en 1946 hasta su retiro de la vida pública en 1979.
Inició su carrera política en marzo de 1946 como secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el general Rodolfo Sánchez Taboada. En diciembre de ese mismo año, Sánchez Taboada lo ascendió a su secretario particular. Paralelamente, Echeverría comenzó su actividad docente como profesor adjunto de Teoría del Estado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM.
Bajo la tutela de Sánchez Taboada, Echeverría se rodeó de jóvenes políticos que más tarde ocuparían cargos significativos, como Hugo Cervantes del Río y Milton Castellanos Everardo. Sin dejar su puesto con Sánchez Taboada, de 1949 a 1952, Echeverría fue director general de Prensa y Propaganda del PRI y delegado del partido en varios estados. En diciembre de 1952, tras el nombramiento de Sánchez Taboada como secretario de Marina, Echeverría asumió la dirección de Cuenta y Administración de la misma dependencia. Al fallecer Sánchez Taboada, fue designado oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, aunque su relación con el titular de la dependencia, José Ángel Ceniceros, fue tensa. En 1957, se convirtió en oficial mayor del PRI bajo la presidencia del general Agustín Olachea Avilés, y colaboró en la campaña presidencial de Adolfo López Mateos.
En diciembre de 1958, López Mateos, ya como presidente, nombró a Echeverría subsecretario de Gobernación, con Gustavo Díaz Ordaz como titular. En este cargo, Echeverría supervisaba temas como población, política migratoria, penales federales y readaptación social. Durante este periodo, colocó a cercanos como Mario Moya Palencia y Carlos Gálvez Betancourt en posiciones estratégicas dentro de la Secretaría de Gobernación.
El 15 de noviembre de 1963, Díaz Ordaz fue postulado candidato del PRI a la presidencia de México, renunciando a su cargo. Echeverría asumió entonces como subsecretario encargado del despacho hasta el fin del gobierno de López Mateos el 30 de noviembre de 1964. Posteriormente, se convirtió en secretario de Gobernación en 1965.
Durante el movimiento estudiantil de 1968, Echeverría trató de exonerar al presidente Díaz Ordaz de la responsabilidad por la intervención del ejército en la represión estudiantil, atribuyéndose la solicitud de intervención militar, una acción ilegal que fue señalada por periodistas de la época. Esta intervención militar incluyó el uso de una bazuca para derribar la puerta de una preparatoria.
El 8 de noviembre de 1969, Echeverría fue designado candidato presidencial por el PRI. En las elecciones del 5 de julio de 1970, fue elegido presidente con el 85.7% del voto popular y asumió el cargo el 1 de diciembre de 1970. Su mandato estuvo marcado por un crecimiento económico del 6.1%, el desarrollo de puertos marítimos y la creación de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Procuraduría Federal del Consumidor. Además, su política exterior fue notablemente activa.
Después de su presidencia, Echeverría fue embajador de México ante la UNESCO de 1977 a 1978 y en Australia de 1978 a 1979. Sin embargo, su legado también está marcado por acusaciones graves. En 2002, fue acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de haber planeado junto con Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 y de haber implementado una estrategia de Terrorismo de Estado durante su gobierno, conocida como la “Guerra Sucia”. Fue el primer expresidente mexicano en recibir órdenes de aprehensión por genocidio y cumplió prisión domiciliaria durante dos años y cuatro meses. En 2009, fue liberado con reservas de ley, y falleció con una investigación abierta ante la fiscalía general de la República.
Desde el inicio de su administración, Luis Echeverría trató de distanciarse de su implicación en la represión del movimiento estudiantil de 1968 mediante un discurso de apertura hacia los jóvenes universitarios, especialmente los de la UNAM. Durante 1968 y 1971, el presupuesto de la UNAM aumentó significativamente, y el sector burócrata creció de 600,000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando a muchos egresados universitarios de los años 60. En su gabinete, el 78 % eran egresados de la UNAM, incluyendo a Francisco Javier Alejo, un líder del 68, que fue designado director del Fondo de Cultura Económica. En 1974, los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se convirtieron en estados.
A finales de los años 60 y principios de los 70, diversos movimientos sociales y políticos, principalmente de izquierda, buscaban una auténtica democracia en México ante el autoritarismo del gobierno controlado por el PRI. Estos movimientos pasaron de métodos legales e institucionales a una resistencia pacífica, como el Movimiento de 1968, que culminó violentamente con la masacre del 2 de octubre de 1968 bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el que Echeverría era secretario de Gobernación.
El 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil en Ciudad de México, el grupo paramilitar “Los Halcones” reprimió a los manifestantes. Aunque Echeverría ordenó esta represión, públicamente se deslindó de los hechos y pidió la renuncia del jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Estos eventos se conocieron como “El Halconazo” o la “Matanza del Jueves de Corpus”.
Las matanzas de 1968 y 1971 llevaron a diversos grupos de izquierda a optar por la lucha armada y la clandestinidad, al ver agotadas las vías pacíficas. Grupos guerrilleros como la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizaron actos de expropiación revolucionaria, como secuestros y asaltos a bancos, en respuesta a la represión del Estado.
Echeverría ordenó una estrategia de Terrorismo de Estado durante la “Guerra Sucia” para aniquilar a los movimientos disidentes, resultando en graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, torturas, allanamientos sin orden judicial, y otros abusos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en 2006 la imprescriptibilidad de estos delitos, especialmente la desaparición forzada.
