Por Fernando Urbano
Las cifras de los atentados y asesinatos de aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, han ido escalando sin medida en este sexenio. El actual proceso electoral, es también el más violento de la historia; se han contabilizado 386 agresiones políticas, que han dejado 501 víctimas de septiembre de 2023 al pasado mes de abril, que van desde amenazas, atentados, secuestros, hasta desapariciones y homicidios; además en 15 entidades del país existe el riesgo de que el crimen organizado intervenga en la elección.
La violencia se agravó en el actual proceso electoral el jueves 21 de diciembre en Acapulco, Guerrero, con el asesinato del aspirante a alcalde por Morena, Ricardo Taja. Después fue asesinado el jueves 4 de enero Giovanni Lezama, regidor y secretario general del PAN en Morelos y aspirante a una diputación. El siguiente día, el 5 de enero, fue asesinado David Rey González, aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México. Ese mismo día, también fue ejecutado Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería, en Colima.
Los candidatos más afectados en agresiones son los de la oposición, con 107; Morena, PT y Verde, con 48, y otros partidos locales, con 26. Los ataques a los candidatos de oposición, son señalados como producto del interés de los grupos criminales de dar continuidad a los proyectos políticos del oficialismo para mantener sus redes de protección y operación. En el caso de las víctimas pertenecientes al oficialismo, se señala como principal causa el intentar imponer su propio dominio a través de proyectos a modo y controlados directamente por ellos.
Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son los estados con riesgo muy alto de que el crimen organizado intervenga en las elecciones. Con riesgo alto, se identifican a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
Los estados que concentran más víctimas de violencia son los territorios disputados por el crimen organizado, son Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas y Jalisco.
La intervención del gobierno federal en los procesos electorales, acompañada de la intervención de grupos criminales afines a la 4T, potencializan la posibilidad de enfrentar no solamente una elección de estado, sino una narcoelección, que pone en un riesgo significativo la democracia.
Como es el caso del municipio de Maravatío, Michoacán, donde el crimen organizado dejó a los habitantes sin contendientes para asumir la alcaldía, pues los dos candidatos, Miguel Ángel Reyes Zavala y Armando Pérez Luna, fueron ejecutados con pocas horas de diferencia el 26 de febrero.
Lo más grave es que el propio presidente ha normalizado la violencia, y en algunos casos la impulsa en contra de los que él llama “sus adversarios”. El gobierno de López Obrador es ineficiente e incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y más aún la de aquellos que han decidido participar como candidatos, pues ha decidido abrazar y justificar con total descaro a los grupos criminales que imponen su ley bajo el cobijo de la alianza silenciosa que guardan con el lopezobradorismo.
