Tres días después de haber ganado la elección presidencial, exactamente el 4 de julio de 2018, el entonces presidente electo aseguró en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial que en su gobierno “nadie por encima de la ley, ni nadie al margen de la ley”. Pero sus acciones demuestran lo contrario y él mismo dejó en claro que nadie, ni nada, puede estar por encima de él. Y es que, en las últimas semanas, López Obrador se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con el periodismo como tal y la divulgación de datos personales.
Esto no es nuevo. Es una conducta que ya se ha presentado con anterioridad en la que Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra integrantes de los medios de comunicación. Uno de los más relevantes fue en 2022, cuando el portal de noticias Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicaron una investigación periodística denominada “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO“, en el que se exhibía que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, ha vivido en dos residencias de Houston, de las cuales, una de ellas era propiedad de un directivo de Baker Hughes, una compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de México por más de 151 millones de dólares.
Como respuesta a esa investigación, el 11 de febrero de ese mismo año, el presidente dio a conocer en su conferencia de prensa que el periodista Carlos Loret de Mola ganó 35.2 millones de pesos por su trabajo en diversos medios de comunicación; afirmaciones que hizo sin precisar cómo obtuvo esta información. Esta exhibición de información personal viola el derecho a la protección de datos personales que todos los ciudadanos tienen en México, y es un delito.
En este caso el Instituto Nacional de Acceso a la Información investigó de oficio y confirmó una vulneración de los datos personales de Loret de Mola, en una sentencia del 17 agosto de 2022, donde señaló que López Obrador incumplió principios, deberes y obligaciones de la ley de protección de datos personales en posesión del gobierno al divulgar información confidencial y patrimonial de Loret de Mola, sin autorización del titular de los datos, ni motivo para su divulgación. La agencia de privacidad ordenó al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia de la República “que determine las responsabilidades administrativas que pudieran haberse originado (…) por la divulgación de los datos personales referidos”, pero no se tienen informes de que el órgano haya ejecutado alguna sanción.
En México, existe la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y establece que “toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular”; y en ella se establecen las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de las personas a que se protejan los datos personales. Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que la información pública, es aquella que “resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados”.
En este hecho, como ha sido en otros más, se ha señalado que el presidente no tiene fundamento legal para hacer pública este tipo de información, y como tal, esta información no puede ni debe ser pública y, por el contrario, debe ser protegida porque se trata de datos personales.
El caso más reciente es el que surgió después de que la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, envió una carta al vocero presidencial en busca de réplica del presidente sobre una serie de investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se cerraron por motivos políticos. El presidente dio a conocer dicha carta donde se le solicita responder señalamientos de testigos protegidos y fuentes federales estadounidenses sobre dinero proveniente del narcotráfico en la campaña de 2018, con la que ganó la presidencia; de manera previa se aseguró la existencia de videos de los hijos del presidente y colaboradores recibiendo dinero de grupos criminales, antes y durante su administración.
El presidente calificó al medio estadounidense de “pasquín” y lo acusó de enviarle un cuestionario en tono “amenazante y prepotente”; pero además de leer el documento, en plena conferencia exhibió y leyó los teléfonos que la periodista le proporcionó para enviar su opinión.
Este acto es conocido como doxing, y es un tipo de acoso cibernético que implica la revelación de información personal, privada, o sensible, como el nombre real de una persona, su dirección, trabajo, teléfono (s), fotografías u otros datos identificativos, sin ningún consentimiento. El propio gobierno federal, ha informado en sus diferentes canales oficiales que el doxing es una práctica de investigación y publicación que expone datos, opiniones e información privada y lo señala “como medio para la venganza”, ya que tiene el objetivo de dañar la reputación y exponer a la víctima.
El tema se tornó más grave, cuando el titular del ejecutivo federal fue cuestionado por la corresponsal de Univisión en México, que además recibió diversos insultos del presidente, aún y cuando ella siempre se dirigió a él de una forma profesional y respetuosa, por haber compartido datos personales de la periodista.
La respuesta de López Obrador fue totalmente soez, pues justificó su actuar alegando que por encima de la ley está su autoridad moral y política, y aseguró descaradamente que sin dudarlo lo haría otra vez, no sin antes recriminar a la corresponsal por su atrevimiento a cuestionarlo, por lo que fue advertida con un “Y bájele una rayita a su prepotencia”.
Atreverse a ponerse por encima de la constitución es una afirmación disparatada que solamente busca justificar la ilegalidad de sus acciones para ignorar las leyes; nada, ni nadie está por encima de la ley. López Obrador juró, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución, “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”; él es el primer obligado en cumplirla.
En consecuencia, YouTube eliminó la conferencia matutina de AMLO del pasado 22 de febrero por infringir su política de acoso y ciberbullying, a lo que el presidente reaccionó señalado que la plataforma es “prepotente y autoritaria”, contrario al agradecimiento y reconocimiento que había hecho a la plataforma anteriormente cuando recibió el botón de oro por un millón de suscriptores.
Por su parte el Instituto Nacional de Acceso a la Información dio a conocer que inició una investigación de oficio para determinar si el presidente violó los principios y deberes establecidos en las leyes aplicables. Para el caso, la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto, establece que “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional”.
En el artículo 67 la misma ley, se habla de las sanciones contra la filtración de datos personales, y dictamina de tres meses a tres años de cárcel contra aquellos que, estando autorizados a tratar con datos personales, con ánimo de lucro, sufran una vulneración de seguridad en sus bases de datos. El artículo 68 señala que “se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos”. En México no solo hay una ley, el derecho a la privacidad es un derecho humano reconocido en la Constitución.
Este tipo de señalamientos han sido reiterativos durante los últimos años pues sus campañas, colaboradores y su partido han sido acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Y su administración no ha estado exenta de los mismos señalamientos, tanto el gobierno y en el congreso de Estados Unidos han señalado que la administración de López Obrador es un “narco-gobierno” y que México se ha convertido en un “narco-estado”, situación que se evidencia con su notable retroceso en la lucha contra las drogas y los carteles. El mismo Porfirio Muñoz Ledo, morenista y expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que le colocó la banda presidencial al hoy presidente, aseguró en el 2022 que López Obrador tiene un pacto con el narcotráfico.
