Por Fernando Urbano
El cinismo del presidente no tiene límites, y muestra de ello son sus desafortunadas y escandalosas declaraciones en las que a voz propia y con la mano en la cintura, hizo público su intervencionismo en el poder judicial a través del ex ministro Arturo Saldivar, y en la Fiscalía General de la República, donde manda su cercano e íntimo amigo Alejandro Gertz Manero,que de paso exhibió por su ineptitud.
Los poderes de la unión, y los organismos que integran el estado, pueden mantener una interlocución, o hasta un cabildeo sobre ciertos temas, siempre y cuando sea de forma transparente. Pero lo que el presidente reveló sin mayor empacho, va más allá de una burda comunicación, pues dejó en claro que él podía intervenir “de forma respetuosa” en casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para evitar que obtuviera su libertad.
El presidente culpa a Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte, de que un juez federal haya otorgado prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. Evidentemente es un tema con dos vertientes, la primera, asignarle la culpa a la Suprema Corte, para avivar sus constantes ataques al poder judicial, distorsionando el debate público, y por otro lado, el obvio enojo por el rumbo que está tomando el caso de Lozoya, pues es lo único que le queda al presidente para intentar sacarle raja electoral a un tema que solamente es político.
Pero no hay que olvidar, que la culpa no es ni de la ministra, y mucho menos de la corte, pues Lozoya regresó a México, por un acuerdo con la fiscalía, lo que le permitió salir para llevar su proceso fuera de la cárcel, pero que enojó al presidente y lo volvieron a encerrar, pues mantenerlo “libre” no abonaba a su verborreico discurso contra la corrupción y el pasado.
Nuevamente Lozoya salió de la prisión, pero hay que dejar en claro que un tribunal no lo liberó, él sigue su proceso es libertad condicional; y lo más importante es que el caso se le está cayendo a la Fiscalía General de la República, porque no tienen pruebas y no les quedó de otra más que mandarlo a su casa, pues la propia fiscalía reconoce que no hay riesgo de fuga.
El reconocimiento del presiente de intervenir y pedir tratos especiales a ciertos casos en el poder judicial, es una clara violación a los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, principio que es base del estado derecho, y en cuanto al actuar del ejecutivo, es un desacato a su juramento y obligaciones, y por tanto la relación entre el AMLO y Zaldívar es un conflicto de intereses.
Y su intervención en la fiscalía la hizo saber al mencionarla como una parte dependiente de él y su gobierno, al hablar de la ineptitud de la fiscalía y señalar que “todo perdemos”. Lo que deja ver que su intervención está violentando el debido proceso, pues extralimita su poder y en diversas ocasiones ha dejado saber que tiene acceso a declaraciones y documentos que son solamente del conocimiento de las partes que intervienen.
Al presidente le molesta la autonomía del poder judicial, la que él califica de excesiva, y esa necesidad de someter a la corte es su excusa para su limpieza y reforma del poder judicial. A él solo le importa tener a sus cercanos en la corte y los juzgados, para manipular la justicia a través del servilismo y el sometimiento, una complicidad para violentar la constitución y cometer delitos.
